El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, considera que para restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real se contemple la concesión, por parte de las administraciones locales, de licencias urbanísticas especiales -títulos habilitantes especiales-, que pueden otorgarse en contadas ocasiones y que están sujetas a limitaciones.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, señala, «recoge que con esa licencia especial se podrían iniciar los trámites para solicitar a la compañía suministradora la prestación del servicio, y que esta tendría que presentar a los respectivos ayuntamientos el correspondiente proyecto de despliegue de la red».
Los sectores afectados por la falta de suministro son el 5 y 6, ubicados en los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid. Allí viven cerca de 3.000 personas, de ellas más de 1.200 son niños, «que se ven afectadas por la falta de electricidad que les impide tener una vida digna y que ponen, en algunos casos, en riesgo la salud de muchos de ellos, especialmente personas mayores, enfermos crónicos y niños».
Autorizaciones administrativas
El Defensor del Pueblo estima que las diferentes administraciones, coordinadas por el Comisionado de la Cañada Real, «deben adoptar un papel más proactivo para afrontar esta emergencia humanitaria». La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid «son actores fundamentales para la resolución de este problema».
La aplicación del artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencia Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, así como el artículo 173 del Plan Urbanístico General de Rivas-Vaciamadrid contemplan la regulación de licencias de las edificaciones fuera de ordenación. El rol de la Comunidad de Madrid «también es relevante porque las edificaciones de la Cañada Real se encuentran en suelo patrimonial de la Comunidad y se necesita contar con su autorización para poder activar esta opción».
Ángel Gabilondo reitera su llamamiento a todas las administraciones para que, «con carácter de urgencia, colaboren para que se restablezca el suministro eléctrico en la zona». “Y que se acorten los plazos y se agilicen los trámites, por parte de las administraciones y de la compañía suministradora, para que la electricidad vuelva a a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real lo antes posible, y desde luego, antes de que comience el invierno”.
El Defensor del Pueblo ha hecho llegar esta resolución con las apreciaciones apuntadas al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real; a los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada; y a las consejerías de Sanidad, y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo vuelve a recordar a las administraciones implicadas que la energía eléctrica «es esencial para la protección de la salud de las personas, derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución». Y que también es necesaria para garantizar el derecho a la educación, que consagra el artículo 27 de la Carta Magna -la falta de energía eléctrica está incrementando el absentismo escolar-. Asimismo, ha de repararse en otros derechos constitucionales afectados por esta situación, como son los reconocidos en los artículos 39 -protección de la familia y de los menores- y 50 -protección a la tercera edad-.
