La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa del Consejo de Ministras y Ministros para explicar los detalles de la aprobación de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se remite ahora a las Cortes Generales.
Montero ha agradecido al Presidente del Gobierno su confianza y a todos los ministerios implicados en la norma su trabajo, así como al Instituto de las Mujeres por liderar el proceso participativo de la mano de las entidades sociales y del movimiento feminista y a todas las CCAA por sus aportaciones.
También ha querido resaltar que la norma sale adelante «gracias a los pilares sólidos de la LO 2/2010 y, por tanto, al trabajo de la ministra de Igualdad Bibiana Aído y al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero«. Esta norma, ha afirmado, «garantiza derechos para que todas las mujeres puedan vivir mejor«.
Ampliación IVE
Montero ha explicado cómo con esta Ley «removemos los obstáculos que están impidiendo el derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a decidir sobre sus propios cuerpos«. La reforma «devuelve a las mujeres de 16 a 18 años y a las mujeres con discapacidad la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. No será obligatorio pedir permiso a sus tutores legales para acceder a la IVE». La reforma elimina también el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres. Como ha apuntado la ministra de Igualdad, «el estado respeta la decisión de las mujeres y no duda sobre ella«.
De esta manera, se blinda el acceso al aborto en la red sanitaria pública, «esta tiene que ser la que permita la garantía del derecho«. En ese aspecto, la ministra ha querido reconocer a las clínicas privadas que durante décadas «han sostenido la garantía del derecho de la IVE«.
La Ley regulará también la objeción de conciencia, haciendo que «sea compatible con el derecho de las mujeres a la IVE«. A la vez, se incorpora una incapacidad temporal para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención. También hay la previsión de que cada centro cuente con ambos métodos para las interrupciones de los embarazos, tanto el quirúrgico como el farmacológico, para que sea la mujer la que libremente decida cuál de ellos quiere.
En este sentido, se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializado en los casos de interrupción del embarazo, incorporando también, una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 de embarazo, que «no restará tiempo del permiso de maternidad«.
La Ley garantiza un mayor acompañamiento durante el embarazo y en la promoción de las buenas prácticas gineco obstétricas y del parto respetado. «Pondremos en marcha un protocolo común de actuaciones para que las directrices internacionales y estatales del parto respetado lleguen a todos los hospitales y paritorios de nuestro país«, ha asegurado Montero.
Educación sexual y anticoncepción
Montero ha explicado cómo se refuerza especialmente la educación sexual en todos los niveles educativos. «Garantizamos el derecho a la educación sexual para conocer nuestros cuerpos, para tener relaciones sexuales y afectivas basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, para garantizar la libertad sexual, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y fomentar su corresponsabilidad, para combatir las prácticas violentas como la retirada del preservativo sin consentimiento, para prevenir las ITS y para poder hablar de la salud menstrual».
Casi el 70% de los y las estudiantes de secundaria afirman que la educación sexual que han recibido no ha sido útil. Montero ha explicado que «la falta de educación sexual en las escuelas es un factor decisivo para provocar el aumento de las ITS que se está produciendo«. Por ello, los centros educativos de secundaria, en el marco de campañas de sensibilización y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, repartirán anticonceptivos de barrera de manera gratuita. También se dispensarán en centros penitenciarios o centros de la red de servicios sociales.
Se refuerza también la formación de los profesionales en materia de IVE y salud sexual y reproductiva, incluyendo contenidos en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales y en los currículos de las oposiciones vinculadas a estas. Además, se establecen servicios públicos de asistencia integral especializada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, contando estos con equipos interdisciplinares y servicios adaptados a las necesidades y demandas de la población joven.
Por último, se apuesta por la anticoncepción de última generación, la corresponsabilidad y la mayor accesibilidad, impulsando el desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina y ampliando la financiación pública de los anticonceptivos, garantizando la gratuidad de la píldora del día después a través de su distribución en los centros de salud y en los servicios de salud sexual y reproductiva especializados. «La anticoncepción no es solo una responsabilidad de las mujeres, también lo es de los hombres«, ha asegurado Montero.
Salud menstrual
Por primera vez se incluye la salud menstrual como estándar de salud. La Ley incluye también el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes. «Se acabó ir a trabajar con dolor«, ha afirmado la ministra. «El 70% de las mujeres cree que los dolores asociados al ciclo menstrual siguen siendo estigmatizados en el entorno laboral» y ha llegado el momento de que «la regla deje de ser un tabú y de que normalicemos hablar sobre la salud menstrual«. La Ley prevé distribuir de forma gratuita productos menstruales para personas con menos recursos, luchando así contra la pobreza menstrual, y que se dispensen en centros educativos, en organismos públicos, en centros penitenciarios o centros sociales, lo que en palabras de Montero será «una medida eficaz para combatir la pobreza menstrual«.
Explotación reproductiva
Por último, se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas. «La ratificación del Convenio de Estambul nos obliga a dar respuesta a todas las formas de violencia recogidas en este tratado«, entre ellas, «algunas más ligadas a los derechos reproductivos, como la esterilización forzada, la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado, como formas de violencia contra las mujeres«, ha concluido la ministra.
