«Las condiciones laborales de las profesionales de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) son las más precarizadas de la plantilla que trabaja con la infancia en situación de riesgo y vulnerabilidad». Son «condiciones intolerables» para los grupos municipales de Más Madrid y PSOE que, además de respaldar la huelga indefinida que estas trabajadoras iniciaron el pasado día 8, llevan este miércoles al Pleno del Ayuntamiento una proposición conjunta para que el Gobierno municipal «se implique de manera activa y deje de mirar hacia otro lado para solucionar cuanto antes este conflicto».
Más Madrid y PSOE reclaman a Almeida que «acabe con las precarias condiciones de estas profesionales». La iniciativa conjunta plantea, entre otras medidas, la convocatoria de una mesa de negociación de manera inmediata y la licitación de un nuevo contrato que incorpore los acuerdos adoptados en dicha mesa para dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras. Los CAI son centros que atienden a la infancia más vulnerable y están financiados íntegramente por dinero público del Ayuntamiento.
Texto íntegro de la propuesta
En estos últimos días hemos conocido la convocatoria de huelga indefinida en los servicios de los Centros de Atención a la Infancia (CAl) y Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar del Ayuntamiento de Madrid vinculados al Grupo 5, iniciada el día 8 de julio. El Grupo 5 es propiedad del fondo de inversión Corpfin Capital desde 2017. El título de la convocatoria de huelga es muy elocuente: “Cuando la infancia es devorada por los buitres”.
El comité de empresa denuncia ser la plantilla más precarizada de la red, en la que cualquier profesional de otras empresas externalizadas cobra de media 3.000€ más de media que ellas mismas (15%), distancia que se dispara si la comparación se establece con los recursos de gestión pública realizando la misma labor, siendo la percepción económica un 45% menor, es decir, unos 8.000 euros anuales de diferencia.
Asimismo, denuncian un altísimo nivel de rotaciones en el personal, en torno a un 40% de la plantilla, con la dificultad añadida, debido al alto nivel de especialización exigido, del alargamiento en la cobertura de esas vacantes. De hecho, centrándose simplemente en el alto índice de rotación del personal, en un comunicado de la pasada semana de los Colegios Oficiales de Madrid de Trabajo Social, de la Psicología y de Educadoras y Educadores Sociales se afirma que “impacta de forma directa en las personas usuarias, quienes sufren cambios constantes en sus profesionales referentes y discontinuidades en sus procesos de intervención. En algunos casos, este escenario puede suponer una revictimización para las personas, completamente evitable si se revierte la situación”.
Y es solo un ejemplo de cómo las malas condiciones laborales afectan no solo a la salud psicológica y social de las y los profesionales, sino también a la calidad de la atención. Y eso no se lo merecen, ni nuestras niñas y niños en situación de riesgo, ni las y los profesionales que los acompañan.
Hoy podríamos plantear cuestiones tan importantes como la valoración del Convenio de Acción e Intervención Social como más idóneo que el de Reforma Juvenil y Protección del Menor. Hoy podríamos traer a este pleno la necesidad de que todos los CAl pasen a gestión directa, como ya lo desarrollan los números 1, 2 y 3. Hoy podríamos también trasladar a este pleno cómo evitar la entrada de empresas o fondos de inversión que en realidad solo quieren especular con dinero público. Hoy podríamos hacer una proposición para garantizar la presencia de las entidades sin ánimo de lucro y de la economía social mediante reserva legal de al menos el 50% de las licitaciones o también por apostar por el concierto social como fórmula idónea para determinados servicios, donde primaran las cláusulas sociales, como nos piden los colegios profesionales anteriormente mencionados.
Sin embargo, hoy queremos centrarnos en una necesidad perentoria y es la resolución del conflicto laboral enunciado por el comité de empresa de estos servicios del Grupo 5. Porque nos parecen intolerables las condiciones en las que trabajan, porque la prestación de un servicio público tan esencial no puede verse comprometido por la situación de precariedad a la que se obliga a las y los trabajadores.
El Ayuntamiento de Madrid debe implicarse activamente. Esos centros atienden a la infancia más vulnerable, vecinas y vecinos de nuestra ciudad. Esos centros y programas están financiados íntegramente por dinero público de este Ayuntamiento.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista presentamos la siguiente proposición:
a) Instar al Equipo de Gobierno a convocar inmediatamente una mesa de negociación en la que participen la empresa Grupo5 Acción y Gestión Social SA, el Comité de Empresa y el Ayuntamiento de Madrid, en la que éste se implique activamente en la solución del conflicto.
b) Dado que en el último trimestre de este año termina el contrato actual de los CAl y que no estaba prevista para ese período la licitación de un nuevo contrato, instar a los órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid a tener preparado un nuevo pliego para dentro de un año, en julio de 2023, y a limitar, inicialmente por tanto, la prórroga del contrato actual a dicha fecha, incorporando los cambios que se hayan acordado en la negociación.
C) En la misma línea, revertir la prórroga ya publicada en abril de este año del contrato para la gestión del Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar del Ayuntamiento de Madrid vinculados al Grupo 5, y preparar un nuevo pliego en las condiciones temporales mencionadas en el punto anterior.
d) Instar a los órganos competentes a elaborar los pliegos de la nueva licitación escuchando e incorporando las aportaciones de las centrales sindicales representadas en el ámbito de lo social en el Ayuntamiento de Madrid.
