La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto inicial de la Ordenanza de Derogación Normativa y de Modificación del Régimen Jurídico de los Consejos Sectoriales. La aprobación de esta nueva ordenanza elimina 20 normas innecesarias y permite flexibilizar la regulación de los consejos sectoriales.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, quien ha destacado que el objetivo es eliminar del ordenamiento normas cuya vigencia es dudosa, lo que favorece la seguridad jurídica, la transparencia y la credibilidad de las instituciones. En definitiva, mejorar las normas municipales a través de un ordenamiento jurídico municipal sencillo, claro y transparente para los ciudadanos y empresas.
Sanz ha recordado que la reducción aprobada hoy supone continuar la labor de “limpieza” del ordenamiento jurídico municipal que se inició con la aprobación por el Pleno el año pasado de la Ordenanza de Derogación Normativa por la que se suprimieron 17 normas y ordenanzas municipales que habían quedado obsoletas. De esta manera, continua la ejecución del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa adoptado por la Junta de Gobierno el 6 de febrero de 2021, que plantea 22 medidas que se han venido implementando desde el año 2021.
Por un lado, la nueva ordenanza que inicia hoy su tramitación busca continuar con esta labor de reducción del ordenamiento municipal en el ámbito de la participación ciudadana y, en particular, en el régimen jurídico de los consejos sectoriales. El objetivo es conseguir que la regulación de los consejos sectoriales sea más flexible y dinámica, de manera que no se exija aprobar una norma reglamentaria por cada uno de ellos. Para ello, se sustituye dicha regulación por una reglamentación común para todos y por la aprobación de acuerdos específicos de la Junta de Gobierno para cada consejo.
Esta medida supone una simplificación en la medida en que los acuerdos de la Junta de Gobierno constituyen instrumentos más flexibles, que permiten adaptar con mayor rapidez su organización y funcionamiento a las circunstancias de cada momento. La articulación de este nuevo sistema implica la derogación de los 13 reglamentos reguladores de los consejos sectoriales que existen en la actualidad.
Por otra parte, se ha determinado la conveniencia de derogar otras siete normas en los ámbitos de organización municipal, urbanismo, medio ambiente y servicios a los ciudadanos, cuya pervivencia en el ordenamiento también se ha considerado innecesaria. Se trata de normas cuya existencia no es imprescindible actualmente, ya que no hay ninguna obligación, ni en la normativa estatal ni en la autonómica, de regular su objeto a través de una norma, pudiendo acudirse a instrumentos más flexibles como los acuerdos de Junta de Gobierno o decretos del alcalde, que permitirán adaptar su organización y funcionamiento a las circunstancias de cada momento.
Se trata de normas reguladoras de cuerpos de funcionarios como es el caso del personal de parques y jardines o de los agentes de parques; de normas sobre registros como el Registro de Contratos, el Registro de Bienes Inmuebles sujeto a los derechos de tanteo y retracto, el Registro y Archivo de Convenios Urbanísticos, y el Registro de Sanciones Ambientales; y por último, de normas sobre órganos colegiados que pueden crearse por decreto del alcalde en lugar de reglamento como es el caso del Observatorio Municipal contra la Violencia de Género, lo que dotaría a este órgano de una mayor flexibilidad organizativa.
En los casos necesarios, estas normas reglamentarias serán sustituidas por disposiciones del alcalde o de la Junta de Gobierno que no solo resultan más fáciles de aprobar y modificar, sino que también incorporan actualizaciones como la posibilidad de funcionamiento electrónico de los citados registros.
