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La nueva Ordenanza de Licencias de Madrid reducirá y agilizará los trámites con el Ayuntamiento

Gacetín Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto definitivo de la nueva Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Madrid (OLDRUM) para su posterior aprobación en el Pleno.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, esta ordenanza, «que nace de la escucha activa y del diálogo con los diferentes agentes, da respuesta a una demanda histórica de los profesionales y de la sociedad que, por fin, ven atendida». Se ponen así «las condiciones para crear actividad, servicios y oferta, para rehabilitar el parque inmobiliario y para facilitar la regeneración urbana en Madrid, todo con una mayor agilidad y seguridad jurídica».

En la actualidad, son dos las ordenanzas que regulan las licencias: la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU, 2004), referida sobre todo a la edificación, y la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas (OAAE, 2014), centrada en la implantación de actividades económicas.

Sin embargo, en la práctica se había puesto de manifiesto la necesidad de unificar estas normas en una única ordenanza para dar un criterio homogéneo y mejorar la coordinación de los servicios municipales. La nueva norma, que tiene 83 artículos, un 40% menos que las dos anteriores, se basa en los principios de simplificación, agilidad y eficacia, adapta los tiempos de la administración a los de la sociedad, mejora la disciplina urbanística, reduce trámites e incorpora importantes novedades que mejorarán el funcionamiento de la ciudad. Entre ellas, destacan:

  • Menos procesos y más simples. Se regulan como únicos procedimientos de control urbanístico el de licencia y el de declaración responsable. Se extiende la declaración responsable -hasta ahora limitada a las actividades económicas- a determinadas actuaciones en uso residencial para agilizar pequeñas obras.
  • La licencia básica. Para obras de nueva edificación, se crea la figura de la licencia básica, que controla los aspectos edificatorios que se consideran esenciales para determinar la viabilidad urbanística de la actuación en su conjunto. Esto permitirá a los particulares comenzar las obras en un mes, mientras se validan los demás aspectos del proyecto en la licencia general.
  • Licencias para actividades temporales. Se adapta la norma a las nuevas tendencias de la sociedad para permitir que en locales con licencia en vigor se puedan realizar actividades temporales, siempre que no afecten a las condiciones de seguridad, medioambientales, etc. También se establecen los requisitos para autorizar actividades temporales en espacios abiertos.
  • Mejor información y disciplina. Se agiliza la respuesta municipal ante los incumplimientos de la normativa. La ordenanza facilita los trámites a aquellos ciudadanos que lo hacen bien, pero se lo pone más difícil a quienes no cumplen las normas, perjudicando a todos. Se mejora también el sistema de información y se potencia la tramitación electrónica.

La nueva norma también «refuerza la colaboración público-privada con un mayor papel de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que contarán con un reglamento específico para regular su funcionamiento». En definitiva, esta ordenanza «pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración, después de años en los que han visto al Ayuntamiento como un obstáculo, más que como un agente facilitador que les ayude en su día a día».

Las licencias se otorgan en la mitad de tiempo

La OLDRUM contribuirá a reducir aún más los plazos en la tramitación de licencias, una prioridad para el Área de Desarrollo Urbano desde el primer momento. En la actualidad, las licencias se otorgan en la mitad de tiempo que hace dos años.

Según el informe anual de la Agencia de Actividades, en el año 2021, se recibieron 1.282 solicitudes de licencias, un 9 % más que en el año anterior. Con respecto a los tiempos de tramitación, el pasado año mejoraron con respecto al ejercicio anterior a la pandemia (2019). Así, mientras en 2019 se tardaba de media 196 días en resolver los expedientes, en 2021 se ha pasado a 111 días.

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