El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado hoy del documento que recoge las líneas generales de la nueva Ciudad de la Justicia, el proyecto que agrupará en una única parcela en Valdebebas los 28 edificios judiciales que actualmente están dispersos por distintos puntos de la capital. El nuevo recinto, que supone el tercer intento de la Comunidad de Madrid de poner en marcha el proyecto tras los intentos fallidos de 2004 y 2015, estará compuesto por un total de 17 inmuebles.
El estudio de viabilidad, construcción y explotación de la Nueva Ciudad de la Justicia de Madrid plantea, acorde con la ley, un régimen concesional máximo de 40 años con un canon estimado de unos 50 millones de euros anuales. Esta cifra supondría un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte en la actualidad al año el Gobierno regional en la prestación del mismo servicio de la administración de Justicia, incluyendo, entre otros, gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico, correo o archivo, entre otros.
La cantidad ahorrada cada año supone un montante económico similar a la inversión necesaria, por ejemplo, para la construcción de siete nuevos colegios públicos en la región. Según el informe de viabilidad económica del proyecto elaborado por la UTE Eguesan –que será sometido en las próximas semanas a consulta pública-, la Nueva Ciudad de la Justicia contaría con más de 375.000 metros cuadrados de edificabilidad.
Esta cifra eleva en un 65% los actuales 228.000 que la administración autonómica dedica en la actualidad a estas funciones en el partido judicial de Madrid. De esta forma, cuando culminen las obras la Comunidad de Madrid acogerá la mayor infraestructura judicial del sur Europa. Con esta fórmula, la inversión inicial será de 507 millones de euros, que recaerá totalmente en el capital privado, que asume todos los riesgos derivados de la operación.
Una vez concluida y recepcionada la obra, la Comunidad de Madrid empezará a abonar el canon, aproximadamente tres años después de que, a principios de 2023, tal y como está previsto, se coloque la primera piedra. El desembolso, por tanto, se producirá aproximadamente durante 36/37 años. Finalizado ese periodo este gran complejo judicial revertirá siendo la propia Comunidad de Madrid su titular, incrementando de manera notable su patrimonio público con edificios que podrían alcanzar vidas útiles de hasta 100 años.
La adjudicataria del contrato de construcción obtendrá, además del canon anual, ingresos por la explotación comercial en los bajos de los edificios, donde podrían instalarse restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, escuelas infantiles, farmacias, gimnasio, un gran aparcamiento dotado con casi 5.000 plazas y servicios diversos para los empleados, profesionales del mundo judicial y usuarios que acudan a la Nueva Ciudad de la Justicia. La previsión es que unas 31.000 personas empleen a diario esta futura instalación judicial.
El concesionario, además de construir la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid, deberá asumir todas las labores de mantenimiento, así como el servicio integral de seguridad y vigilancia, de limpieza de todas las instalaciones, archivo, gestión de documentación y atención al ciudadano, entre otros. En definitiva, todos aquellos que garanticen el buen funcionamiento de la infraestructura, sin coste adicional alguno para los madrileños.
Los terrenos donde se levantará este gran complejo se ubican en Valdebebas, el desarrollo urbanístico que ya alberga otras dos infraestructuras de la Comunidad de Madrid, el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML). Contará con una potente red de transporte público con importantes infraestructuras como el futuro intercambiador de Valdebebas, la ampliación de la línea 11 de Metro, además de Cercanías y EMT.
