La Fiscalía Provincial de Madrid pide 6 años de prisión para el director de la Fundación Afal, Jaime Conde Moralla y otros cinco años para la letrada Mercedes Díaz Mayo por un delito de apropiación indebida. El representante del Ministerio Público les acusa de “expoliar” el patrimonio de las personas que tenían a su cargo en una sociedad sin ánimo de lucro encargada de la tutela de personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales mediante trasferencias “inconsentidas” e “injustificadas” a sus propias cuentas corrientes.
Ese dinero, que suma un total de 8.422.090 euros, pretendían invertirlo posteriormente en la construcción de una residencia de lujo para ancianos con Alzheimer “en la que los acusados pensaban ganar grandes cantidades de dinero por los puestos directivos que ostentarían en la misma”.
En la terea de expoliar a los ancianos intervenían, además de los dos acusados, la presidenta de la Fundación, Blanca Clavijo Juaneda (ya fallecida), y los voluntarios José Antonio Fernández y Rafael Núñez Blazquez, ambos con una petición de 21 y 30 meses de prisión, respectivamente por un delito a apropiación indebida, así como María Eugenia James Lamigueiro, para quien la Fiscalía solicita un año de prisión por un delito de falso testimonio. Los máximos responsables se dedicaban, sobre todo, a gestionar el patrimonio de sus tutelados como la venta de inmuebles, la realización de obras en los mismos, o el asesoramiento en materia legal y fiscal.
La Fiscalía recuerda que la Fundación Afal, una entidad inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y que fue constituida en 2006 por la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo, aprovechó al ser nombrada tutora legal de estos ancianos, la mayoría con alzheimer y sin familiares, para idear un plan que tenía como fin último apropiarse del patrimonio de las personas a las que tutelaban. Así, entre los tres (Conde, Clavijo y Díaz), se ocuparon de la gestión de los “grandes” patrimonios que tenían algunos ancianos. “Y todos ellos conscientes del perjuicio que originaban a los ancianos tutelados y despreciando las obligaciones derivadas de su función de tutor”, arguye el escrito de acusación.
Mediante el expolio al que sometían los acusados a los enfermos de alzheimer lograban sustraer buena parte de su patrimonio para incorporarlo bien al suyo propio, a través de distintas sociedades, bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo o de la misma Fundación. Todo ello para invertir posteriormente el dinero en la construcción del proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con Alzheimer situada en Paracuellos del Jarama, un negocio con el que los acusados “pensaban ganar grandes cantidades de dinero”.
Esa tutela que ejercían sobre los ancianos les permitía una autorización para manejar sus cuentas, por lo que no tuvieron impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas de la Asociación Afal Contigo, la Fundación Afal Futuro o a la mercantil T4L que también formaba parte del grupo de empresas de Afal. Estas transferencias “inconsentidas” o “injustificadas”, según el fiscal, alcanzaron un importe de 8.422.090 euros “sin que conste en muchas ocasiones quién de ellos hacía las transferencias al efectuarse éstas por internet, pero en todo caso de común acuerdo y consentimientos de los tres”.
La perjudicada número 1 fue incapacitada por sentencia judicial firme el 20 de diciembre de 2008 al tiempo que la Fundación Afal fue nombrada como su administradora. Entre el 18 de noviembre de 2013 y el 27 de diciembre de ese mismo año los acusados realizaron 24 transferencias por un importe de 50.000 euros cada una a una cuenta en la que aparecía como beneficiaria la Asociación Afal Contigo. Es decir, hicieron transferencias en favor de la Asociación por importe de 1.150.00 euros.
Desde otra cuenta realizaron otra transferencia “injustificada” a T4L por valor de 32.430 euros, e incluso efectuaron cargos injustificados a la misma mercantil desde una tercera cuenta aludiendo a la venta de un edificio por valor de 83.490 euros propiedad de la persona tutelada y cuya venta había sido encomendada a otra persona en exclusiva. En total, sumando otras dos transferencias injustificadas de 50.000 euros y de 193.921 euros la mercantil T4L consiguió tener en su cuenta corriente gracias a la anciana incapacitada otros 359.941 euros. La fiscalía solicita por tanto que se le indemnice en concepto de responsabilidad civil con 1.509.841 euros.
El perjudicado número 2 fue incapacitado judicialmente el 9 de diciembre de 2010. Entre el 30 de enero de 2013 y el 9 de enero de 2014 el tutelado recibió en su cuenta corriente de España cuatro trasferencias de una cuenta en Suiza de dinero que previamente se había regularizado fiscalmente por importe de 4.715.933 euros y otra por valor de 550.000 dólares americanos. Los acusados, por su parte, efectuaron un vaciamiento patrimonial de esa cuenta en favor otras cuentas cuyos beneficiarios eran Afal Contigo (1. 842.000 euros), T4L (899.400 euros) o la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (2.087.976 euros) porque era la empresa encargada de construir la residencia Villfal en Paracuellos del Jarama, sin que conste que conste que la empresa tuviera conocimiento del origen ilícito de tales pagos.
A la perjudicada número 3 lograron expoliar 570.200 a través de transferencias realizadas a Afal Contigo (345.000 euros) y a T4L (234.200 euros), dinero que en su mayoría fue destinado por los acusados al pago de certificaciones de obra de la residencia Villafal. A los perjudicados 4 y 5 (un hombre y su hermana) les transfirieron de sus cuentas 397.763 euros a la Asociaicón Nacional del Alzheimer Afal Contigo y a T4L, mientras que a las perjudicadas 6, 7 y 8 las cantidades ascendieron a 266.784 euros, 33.250 euros y 61.954 euros, respectivamente.
Dentro del plan establecido para “saquear” a las persona tuteladas Mercedes Díaz Mayo concertó seguros de vida o contratos de renta vitalicia con una entidad aseguradora situando como beneficiarios a los herederos legales, “a sabiendas de que no existían”, y en su defecto a los tutores legales, esto es, a la propia Fundación Afal. Algunas de estas pólizas siguen en vigor puesto que en la persona no ha fallecido pero en un caso concreto se llegaron a embolsar 39.534 euros.
Por su parte, Rafael Núñez en colaboración con su mujer ordenó varias transferencias “injustificadas” a la mercantil DYSF de la que era administrador único “haciendo suyo el dinero” y sin que conste que el acusado realizara servicio alguno a la persona tutelada. Respecto a los otros dos acusados, José Antonio Fernández Díaz y María Eugenia James Lamigueiro, trabajaban como voluntarios en la Fundación y el primero de ellos facilitó su número de cuenta a Blanca Clavijo quien le transfirió 1.400 euros por unos servicios que nunca llegó a prestar a las personas tuteladas por la Fundación.
Además, ambos acusados por encargo de Blanca Clavijo manifestaron de forma “mendaz” ante un juez que la perjudicada número 6 redactó su testamento en su presencia y hasta reconocieron “sin ninguna duda” la letra y la firma de persona tutelada. Dicho testamento fue elaborado con la finalidad de que parte del importe revirtiera en la Fundación Afal ya que por escritura pública convertía heredera universal a la Fundación Reina Sofía. Así, lograron que la Fundación Afal le cedieran por un euro los derechos derivados de un procedimiento judicial en el que se establecía una indemnización que no llegaron a percibir por un importe de 1.111.000 euros.
