Madrid Aloja – kilómetro cero del alquiler vacacional urbano con casi una de cada cuatro viviendas de uso turístico en Madrid- advierte que la decisión del Ayuntamiento de Madrid de limitar los pisos turísticos a bajos y primeras plantas con carácter retroactivo supondría eliminar 8 de cada 10 alojamientos que operan en la ciudad, según una encuesta realizada entre sus socios después de conocerse ayer las primeras modificaciones en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.
La Asociación destaca que esta limitación tendrá un impacto directo en el crecimiento del PIB madrileño ya que pone en juego alrededor de 1.450 millones de los más de 1.800 millones de euros que esas viviendas inyectan, actuando además como dinamizador económico del comercio de proximidad. Cada huésped realiza un gasto superior a los 550 euros por estancia, de los que seis de cada diez euros son en tiendas cercanas al lugar de alojamiento, según el VI Barómetro de Alquiler Vacacional de la Universidad de Salamanca.
A la espera de conocerse el documento, que estará sometido a consulta pública durante los próximos tres meses, la asociación considera que la exigencia de contar con la autorización de la Comunidad de Madrid y la licencia municipal «supone borrar de un plumazo los miles de pisos turísticos que vienen operando desde hace ocho años (con declaraciones responsables exigidas por Turismo de la Comunidad de Madrid) y permite la entrada indiscriminada de nuevos actores cuyo saber hacer está por demostrar».
Madrid Aloja recuerda que «la experiencia y buen hacer mayoritario» en el sector de las viviendas vacacionales urbanas ha situado a Madrid como la quinta urbe europea con mayor número de reservas -con 8,3 millones de noches reservadas a través de las principales plataformas (Airbnb, Booking, Expedia y Tripadvisor)-, según Eurostat.
Madrid Aloja recuerda que es ella «la primera interesada en regular el alquiler vacacional urbano pues ya el pasado mes de junio trasladó al consistorio una batería de medidas para devolver la seguridad jurídica al sector y garantizar la convivencia con los vecinos. Entre ellas destacaban un censo con un sistema de plazas limitadas -de acuerdo a criterios objetivos- pero dinámico, para garantizar un crecimiento sano y sostenible».
La asociación insiste en que «no se puede generalizar los casos aislados de mala convivencia vecinal y hacer que paguen justos por pecadores». Según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid del Ayuntamiento de Madrid de 2019, solo un 3,5% de los ciudadanos lo reconoce como un problema, porcentaje muy inferior al de otros como la limpieza de las calles (36,3%), la contaminación del aire (24%) o el tráfico y los atascos (16,5%),
Según el presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, “vemos con buenos ojos que se haya retirado la exigencia de que las viviendas tengan un acceso independiente, diferente al del portal, clarificando el futuro del sector. Pero iría contra el sentido común prohibir las que ya existían puesto que la normativa que se hace es para regularlas y no para sepultarlas. La retroactividad de esta medida sería una bomba de relojería para un sector económico clave para la región y para la proyección de Madrid como destino turístico de primer orden”.
