Continúa la lucha contra el proyecto de aparcamiento disuasorio que el Ayuntamiento de Madrid tiene intención de abrir en el barrio de Tres Olivos, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. El movimiento vecinal se ha manifestado esta mañana de sábado, 17 de julio, desde la plaza-avenida Campo de Calatrava y finalizando en la zona verde reservada donde se alzará el aparcamiento.
Detrás de esta nueva protesta se encuentra la Plataforma contra el aparcamiento disuasorio de Tres Olivos, que cuenta con el sostén de las asociaciones vecinales de Fuencarral-El Pardo. La plataforma lleva semanas muy activa en su batalla contra el proyecto municipal, con acciones como recogidas de firmas, reparto de octavillas en las vecindades afectadas, encuentros con partidos políticos y denuncias en medios de comunicación.
Portando pancartas con lemas como ‘No al Macroparking’ y ‘Carabante, lo que no quieres para el centro, no lo quieras en Tres Olivos’ y el apoyo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, los vecinos han exigido que no se construya este aparcamiento por su «elevado impacto medioambiental ante mayores emisiones» y porque se edificará en una zona verde.
Además, denuncian que la llegada de coches desde Colmenar y Tres Cantos hacia el aparcamiento va a colapsar aun más el tráfico del puente entre Montecarmelo y Tres Olivos dado que la infraestructura vial «es insuficiente para absorber un incremento de tráfico».
Con un gasto de algo más de 14,8 millones de euros, estará ubicado en las inmediaciones de la estación de Metro que lleva el mismo nombre y del nudo de acceso central al barrio de Montecarmelo desde la M-607. Ocupará la parcela de 4.495,04 metros cuadrados entre las calles Afueras a Valverde, Campo de Calatrava y Campo de Montiel.
Los trabajos comenzarán el 1 de octubre previsiblemente y cuando finalicen, 16 meses después, el aparcamiento ofrecerá en sus 14.746,87 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas subterráneas, un total de 478 plazas de aparcamiento: 435 plazas para coches, 16 para personas con movilidad reducida, 13 para eléctricos y 14 para motos.
Ya el pasado 9 de julio una treintena de asociaciones y plataformas vecinales de Madrid se unieron para pedir la intervención del Parlamento Europeo «tras comprobar que el Ayuntamiento continúa adelante con su plan de construcción de ocho nuevos aparcamientos disuasorios a pesar de las protestas de los barrios afectados».
Representantes de estos colectivos presentaron su demanda en la Oficina del Parlamento Europeo en España, que se encuentra en el número 46 del Paseo de la Castellana, una solicitud que también han registrado en el Portal de Peticiones de la cámara.
La petición ciudadana hace referencia a los proyectos de aparcamiento disuasorio de Aravaca (Moncloa-Aravaca), Mar de Cristal, Valdebebas, Fuente de la Mora y Palomas (Hortaleza), Ibiza (Retiro) Tres Olivos (Fuencarral-El Pardo) y Aviación Española (Latina). Se trata de actuaciones que el Consistorio ha concebido para descongestionar el tráfico rodado en el centro de la capital y cumplir así con el “compromiso municipal sobre los valores límite de dióxido de nitrógeno establecidos en la Directiva 2008/50/CE”.
Pero, según las asociaciones vecinales, AMPAs, colectivos de mujeres, culturales y de solidaridad que han presentado el ruego, este plan de macroparkings «no hace más que trasladar el problema de una parte a otra de la ciudad, reubicando la contaminación». “En realidad es contrario a los objetivos que dice perseguir, pues incide en políticas que aumentan la contaminación del aire y promueve una movilidad no sostenible”, puede leerse en la petición.
De hecho, «en vez de disuadir el uso del vehículo privado a motor, lo fomenta, habilitando polos de atracción en núcleos urbanos consolidados, que están rodeados de viviendas y de calles que no están dimensionadas para acoger más tráfico”, cuyos vecindarios «deberán soportar un claro deterioro de la calidad del aire, más ruidos y problemas de movilidad».
A la contaminación atmosférica y acústica, las entidades vecinales añaden el impacto visual de estas grandes infraestructuras, “que altera la morfología constructiva de las zonas afectadas, al tratarse en algunos casos [como Aravaca] de aparcamientos en altura en zonas consolidadas de usos residenciales”.
Pero «más grave si cabe es el hecho de que estos proyectos» se han realizado “de espaldas de los vecinos y con una absoluta falta de transparencia”. De hecho, “según la información oficiosa de la que disponemos, se están iniciando trámites administrativos (…) sin haberse realizado con carácter previo estudios sobre su necesidad en el momento actual y sobre su impacto medioambiental”, señalan los colectivos en el documento enviado al Parlamento Europeo.
“De realizarse dichos estudios -aclaran-, se constataría que no son en absoluto necesarios, ya que hay plazas suficientes de aparcamientos para los vecinos en superficie sin provocar alteraciones sustanciales del tráfico ni dificultades para aparcar. Asimismo, se constataría que las necesidades de los vecinos son otras (..) cuyo coste podría cubrirse con el enorme gasto de dinero público previsto (un total de 15,2 millones en Hortaleza, 15,9 en Moncloa-Aravaca y 1,5 en Latina, 15 millones al de Tres Olivos) para estas infraestructuras desproporcionadas existiendo 2.880 plazas gratuitas en la zona que están infrautilizadas”, aseguran.
El plan municipal «tiene muy poco que ver con los objetivos en materia de transportes y movilidad del Parlamento Europeo, que en diferentes comunicaciones ha realizado un llamamiento a la articulación de planes de movilidad urbana sostenibles, enfocados hacia las personas, y no hacia los coches». Los aparcamientos disuasorios propuestos por el área del concejal Borja Carabante «no solo no fomentan la utilización del transporte público desde el origen, fuera del municipio de Madrid, como sería deseable. Ni siquiera potencia el uso de aparcamientos disuasorios reales ya existentes, como los que se encuentran en las estaciones de Cercanías del entorno de la A-6, hoy infrautilizados (caso de El Barrial)». “Una medida razonable y real para reducir la contaminación sería potenciar esta línea de ferrocarril [la C-10] para evitar en origen la utilización del vehículo privado mediante políticas integradas con las distintas administraciones involucradas”, sostiene el movimiento vecinal.
Pero «en vez de impulsar medios no contaminantes y el uso del transporte público, eje vertebrador de la estrategia de sostenibilidad de la Unión Europea», el Ayuntamiento de Madrid «insiste en fomentar el uso del vehículo privado a motor en origen y aumentar la llegada de coches a la capital».
Por ello, los grupos vecinales firmantes han pedido al Parlamento Europeo que “se lleve a cabo un seguimiento de las actuaciones realizadas y que se realicen por el Ayuntamiento de Madrid en relación con los aparcamientos disuasorios de alta capacidad proyectados” y “se adopten las medidas necesarias para la paralización de su construcción, por ser contraria a los compromisos adoptados por la Unión Europea en materia medioambiental y a las disposiciones y normativa dictada en cumplimiento de estos”.
