Vox se une a la izquierda y no apoyará la reforma de Telemadrid: «tiene que ser neutral y austera»

El Grupo de Vox en la Asamblea de Madrid no apoyará la proposición de ley para reformar la Ley de creación de Radio Televisión Madrid de 2015 que rige tanto Telemadrid como Onda Madrid. Se trata de la primera medida que ha promovido el nuevo Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid tras su toma de posesión y después de que Vox le exigiera a Ayuso en el debate de investidura cambios en el ente público.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, incidiendo en que esta nueva ley «no cumple para nada» sus objetivos para Telemadrid, que son «ser una cadena neutral y austera».

«Hay que cerrar Telemadrid si no cumple con sus objetivos, que es que tiene que ser neutral, austera y aprovechar los medios de producción que tiene dentro de la casa», ha subrayado Monasterio, que ha criticado que «se gasten 78 millones de euros en contratar a productoras fuera todos los días». La portavoz de Vox ha denunciado este gasto «ineficaz» y que los madrileños «no están para gastar eso, por lo que voto será «no favorable» a la proposición de ley presentada por el PP.

Con ello se une a la izquierda madrileña, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que han criticado duramente esta reforma. Sin embargo, si finalmente Vox decide abstenerse, la reforma saldría adelante al tener el PP más votos que toda la izquierda junta.

Los artículos a reformar serían los relacionados con la elección, duración y competencias del director general y del Consejo de Administración, elementos que a juicio de los representantes de los trabajadores son fundamentales de la ley que garantizan la independencia de los órganos de gestión y dirección de la casa.

Esta reforma de la Ley 8/2015 propone en primera instancia reducir a 4 años el mandato del director general, que en la actualidad tiene una duración de 6 años con la finalidad de que no coincidiera con el mandato electoral y así tener mayor independencia del poder político.

El Gobierno madrileño del PP pretende también cambiar el apoyo de 2/3 (67%) de los diputados de la Asamblea de Madrid para la elección del director general y de los miembros del Consejo de Administración, que obliga al consenso entre las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid, por el de mayoría absoluta (50%).

Finalmente se propone eliminar a los representantes del Consejo de Administración que pertenecen a asociaciones de la sociedad civil (5 de 9), por representantes elegidos por los partidos políticos con representación parlamentaria, y eliminar las competencias del Consejo de Administración respecto a los nombramientos del personal directivo.