La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un paquete de medidas para impulsar la digitalización, la racionalización, así como la reducción de trámites y burocracia. La medida, que «permitirá un ahorro de tiempo a ciudadanos y empresarios, supondrá un ahorro estimado de costes administrativos de 65 millones de euros».
Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno, quien ha destacado que «la política de racionalización y simplificación de normas y procedimientos administrativos es uno de los compromisos principales de este equipo de Gobierno».
“Queremos que la relación con los ciudadanos sea cada vez más fácil, sencilla y directa, que se nos perciba como un Ayuntamiento proactivo, dispuesto a mejorar los cauces de relación con los vecinos de Madrid, tanto en el ámbito de los procedimientos, como en el de las normas administrativas”, ha destacado.
El primero de los acuerdos aprobado hoy es el Plan de Choque de Racionalización y Simplificación de Procedimientos y de Impulso de la Administración Digital, que busca desarrollar en el corto plazo un conjunto de diez proyectos transversales de alto impacto en los procedimientos más utilizados por los ciudadanos y de mayor volumen de tramitación.
De esta manera, se busca tanto incrementar el uso de la administración digital como facilitar a ciudadanos y empresas las gestiones, evitando los requerimientos de documentación y reduciendo las cargas administrativas. Además, la medida también tiene como objetivo reducir los plazos de tramitación de los procedimientos, así como el número de notificaciones en papel, mejorando costes, reduciendo plazos y contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental.
El coste presupuestario estimado de la adopción de medidas previstas en este plan de choque asciende a 1,5 millones de euros, mientras que el ahorro presupuestario anual sería de en 2,7 millones y la reducción de costes administrativos para ciudadanos y empresas del conjunto de los diez proyectos previstos sería de 62,8 millones de euros.
El primero de los proyectos contempla la simplificación del acceso electrónico de ciudadanos y empresas mediante la implantación de la plataforma Cl@ve de la Administración General del Estado como sistema prioritario de identificación electrónica. Otro de los proyectos busca la generalización de la notificación electrónica tanto interna como con ciudadanos y empresas a través de su integración en los sistemas de gestión de expedientes. Esta segunda medida, además de un ahorro en costes, permitirá una reducción media de 39 días de tramitación por procedimiento.
Robotización y actuación automatizada de procedimientos
Dentro del plan de choque también se contempla la implantación de un sistema de robotización de procesos mediante tecnologías que permiten reducir o eliminar cargas de trabajo de las personas implicadas en procesos voluminosos y muy repetitivos. En esta línea, otro de los proyectos aborda la actuación automatizada, que permite realizar la actividad administrativa íntegramente a través de medios electrónicos y sin la intervención directa de empleados públicos. La actuación administrativa automatizada comenzará a implementarse en los procedimientos relativos a la obtención de certificaciones, por ejemplo, en materia de empadronamiento.
En este sentido, otro de los proyectos pretende mejorar en particular los procesos internos de tramitación del padrón municipal. Se estima posible alcanzar una reducción de los plazos de tramitación de tales procesos superior al 50 %, así como la implantación de sistemas específicos de ayuda a la cumplimentación de solicitudes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.
Además, aumentarán los procedimientos con conexión a las herramientas de tramitación del Ayuntamiento y a la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) de la Administración General del Estado, para que el Consistorio pueda consultar directamente los datos que precise, sin tener que solicitárselos a ciudadanos y empresas. También relacionada con la tramitación y dentro de otro de los proyectos que se pondrán en marcha, está prevista la implantación de la tramitación digital íntegra de los procedimientos. Se estima que esta medida podría reducir los plazos de resolución más de un 50 %.
Junto con lo anterior, también se pretende impulsar el Registro Electrónico de Apoderamientos y el Registro de Funcionarios Habilitados a través de la integración y uso de las plataformas comunes @podera y Represent@ de la Administración General del Estado. Esto permitirá que ciudadanos y empresas tengan que acreditar una única vez su apoderamiento para poder actuar posteriormente en cualquier procedimiento administrativo ante el Ayuntamiento y así evitar presentar la documentación justificativa de su representación en cada uno de los procedimientos que inicien.
Además, se engloban en este proyecto un conjunto de medidas cuyo fin es incrementar la capacitación en competencias digitales de los empleados públicos del Ayuntamiento, mejorar la comunicación con los ciudadanos, así como potenciar la accesibilidad y usabilidad de los servicios electrónicos. Se creará la figura del ‘delegado digital’ en cada una de las áreas municipales como responsable del impulso, comunicación, difusión y seguimiento de las medidas de digitalización a implantar y de la detección de las necesidades de digitalización de los procesos.
Finalmente, se pondrá en marcha el Observatorio de Administración Digital, un proyecto que permitirá monitorizar en tiempo real la actividad administrativa municipal, definir un indicador global de digitalización del Ayuntamiento y poner a disposición de ciudadanos, empresas y agentes sociales los principales indicadores de desarrollo e implantación de la administración digital, así como optimizar la gestión y mejorar la toma de decisiones.
Ordenanza de Derogación Normativa
El otro de los proyectos aprobado hoy es el proyecto inicial de la Ordenanza de Derogación Normativa, con el que se pretende ‘limpiar’ el ordenamiento jurídico municipal, así se eliminarán 23 normas obsoletas, tácitamente derogadas o que han caído en desuso.
El objetivo de esta medida es eliminar del ordenamiento normas cuya vigencia es dudosa, lo que favorece la seguridad jurídica, la transparencia y la credibilidad de las instituciones, al tiempo que mejora la calidad del ordenamiento municipal.
Quedan sin efecto 90 acuerdos, decretos y resoluciones
Como complemento de la Ordenanza de Derogación Normativa, la Junta de Gobierno también ha aprobado un acuerdo por el que se declara que han quedado sin efecto 90 acuerdos, decretos y resoluciones del Ayuntamiento de Madrid.
El equipo municipal ha revisado un total de 648 disposiciones administrativas de segundo nivel, aparentemente vigentes, con el objetivo de identificar los distintos acuerdos, decretos y resoluciones que ya no resulten de aplicación. Tras el análisis, se ha comprobado que 90, el 14 % del total, han quedado sin efecto de forma tácita y, por tanto, han quedado sin efecto a raíz del acuerdo de hoy, que es la primera vez que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Madrid.
El objetivo en este caso es evitar que sean los distintos operadores jurídicos quienes tengan que asumir, en cada caso concreto, la responsabilidad de decidir sobre la aplicabilidad o no de estas disposiciones o de realizar interpretaciones sobre su vigencia.
