La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, encabezada por la socialista Mercedes González, ha pedido este lunes al Gobierno regional madrileño que «ejerza sus competencias sanitarias» y actúe ante el incumplimiento reiterado de la normativa anti COVID en algunos actos electorales de cara al 4 de mayo, un virus que ya ha matado a más de 23.000 personas en la región, según Sanidad Mortuoria.
En una carta remitida esta mañana al consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López, a la que ha tenido acceso Gacetín Madrid, la delegada del Gobierno le ha transmitido «la inquietud social e institucional» sobre el incumplimiento de la normativa sanitaria en estos mítines.
«Dado que la Comunidad de Madrid es la administración competente para examinar y sancionar los incumplimientos sanitarios en dichos actos, te traslado la preocupación y alarma social que genera dicha vulneración de la normativa sanitaria, más aún cuando la situación de pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, sigue desgraciadamente activa», ha expuesto González en la misiva.
González ha puesto de ejemplo los mítines de Vox de la semana pasada, donde se producen aglomeraciones y no se guarda la distancia mínima interpersonal marcada por la normativa anti COVID. Ante ello, la delegada ha pedido al consejero madrileño que «ejerza las competencias sanitarias que posee el Gobierno de la Comunidad, especialmente respecto a los actos que se celebren durante este proceso electoral, que es de vital para doblegar esta crisis».
Por su lado, Enrique López ha contestado a la carta de la delegada del Gobierno incidiendo en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid «no tiene competencias en materia de seguridad» y le ha reclamado «colaboración y refuerzo policial tanto en los actos electorales como en el resto de actividades».
Finalmente, el conejero ha subrayado que los que pueden sancionar sanitariamente dichos incumplimientos en actos electorales son la Policía Nacional, las policías locales o la Guardia Civil, para que posteriormente las trasladen a la Comunidad dichas denuncias.
