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La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha pedido este miércoles al Gobierno regional que regule la actividad de las VTC en línea con la normativa gallega que ha sido recientemente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad.
La FPTM celebra así la decisión de la justicia gallega que avala el decreto 103/2018 que regula el transporte público de personas y que incluye la actividad de las VTC, dando respuesta al decreto Ábalos de 2018, que trasladaba las competencias regulatorias a las comunidades autónomas.
Tal y como explica el presidente de la FPTM, Julio Sanz, “se trata de otro hito en el expediente judicial de la batalla que libramos con el sector de las VTC desde que comenzamos a exigir su regulación y prueba de nuevo la necesidad y proporcionalidad de los requisitos que se deben exigir para desarrollar esta actividad económica”.
Y es que la normativa incluye, entre otros puntos, la posibilidad de que la Xunta restrinja el número de autorizaciones VTC que pueden prestar servicio en la comunidad autónoma, atendiendo a una proporcionalidad entre taxis y VTC, exigencias en temas de contratación de los conductores y capacitación profesional que se le exige al sector del taxi, pero no a las VTC.
Por este motivo, Sanz ha recordado la necesidad de dar cumplimiento al decreto Ábalos de 2018 y la urgencia de que la Comunidad de Madrid regule en este sentido. “Madrid es de los pocos territorios de todo el país que todavía no ha tomado ninguna decisión, con las consecuencias que eso supone para el taxi y para el usuario, que continúa sin garantías por parte de las compañías de servicios VTC”, ha indicado.
En este sentido, desde la FPTM recuerdan la importancia de regular un sector que en 2020 ha registrado más de 1.400 denuncias por infracciones solo en Madrid. “De las 2.700 VTC sometidas a control en 2020, más de la mitad han sido denunciadas y el 77% no contaba con la hoja de ruta cumplimentada”, ha explicado Sanz.
“La justicia es clara y actualmente estamos asistiendo a una situación en la que el 50% de las VTC realizan su actividad de manera ilegal, por lo que urgimos a la Comunidad de Madrid a regular de forma inminente en este sentido para proteger, no solo al sector del taxi, si no, especialmente, al ciudadano”, ha concluido.
