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La actividad de los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se ha visto claramente afectada por la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y ha disminuido en el conjunto de la región un 29,2 por ciento. Los datos, recogidos en el “Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales” en el segundo trimestre de 2020, han sido difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial.
La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.
Los tres meses con mayor incidencia
El trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora por la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma. Durante este periodo, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales madrileños 146.344 asuntos, una cifra que supone una disminución del 29,2 por ciento respecto a igual trimestre del año anterior.
En el mismo trimestre, los tribunales madrileños resolvieron un total de 108.093 asuntos, un 48,4 por ciento menos que un año antes; por su parte, los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 392.322, cifra que, con un incremento interanual del 23,1 por ciento, representa la pendencia más alta registrada desde el cuarto trimestre de 2011.
En la jurisdicción Civil los juzgados de la comunidad ingresaron 70.113 asuntos, un 21 por ciento menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 44.251 asuntos, un 49,1 por ciento menos, y quedaron en trámite 252.403, un 23,4 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2019.
En la jurisdicción Penal madrileña tuvieron entrada 62.011 asuntos, dato que supone una disminución interanual del 37,3 por ciento; se resolvieron 56.677 asuntos (un 44,3 por ciento menos) y quedaron en trámite 85.685 asuntos (un 16,7 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019).
La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la más afectada
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 2.413 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 46 por ciento, la más importante de todas las jurisdicciones. Se resolvieron 2.271 asuntos, lo que supone un 54,6 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 13.537 asuntos, un 13,3 por ciento más.
La jurisdicción Social ingresó en Madrid 11.807 asuntos, un 19,4 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 4.894 asuntos, un 68,9 por ciento menos, y quedaron en trámite 40.697 asuntos, un 42,1 por ciento más.
Canarias, Andalucía y Asturias, los territorios con mayor litigiosidad
La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad en todo el territorio nacional. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.
Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Illes Balears y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), C. Valenciana (22,6) y Asturias(22,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2) (*).
