- El Gobierno regional plantea establecer un sistema de abono de complementos para hacer frente al sobreesfuerzo.
- Subraya la excelente labor de la Policía Judicial y exige que el Ejecutivo defienda al Poder Judicial “de aquellos que lo atacan».
- La Comunidad pondrá en funcionamiento diez nuevos juzgados antes de finalizar el año.
- El Plan de Recuperación Regional creará cuatro salas de vistas en la jurisdicción social y reforzará el personal y el equipamiento del TSJM y la Fiscalía.
La Comunidad de Madrid ha reclamado hoy al Gobierno de España un Plan de Choque para la Agilización de la Justicia madrileña, que incluya un Plan de Incentivos que favorezca la resolución de conflictos judiciales en la etapa post-COVID.
Como ha explicado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, durante su intervención en el Foro Justicia ICAM que organiza el Colegio de Abogados de Madrid, la propuesta consistiría en establecer un sistema de abono de complementos para magistrados, letrados, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia que se comprometan a resolver, con todas las garantías, más conflictos en menos tiempo. “Se trata de incentivar y compensar el sobreesfuerzo al que nos ha abocado la crisis sanitaria”, ha defendido López.
Para llevar a cabo este proyecto, según el consejero “el Gobierno de la Nación debe entender que la Justicia es un servicio público esencial” y, por tanto, debe “mejorar con urgencia la financiación autonómica, reconociendo el peso que la Comunidad tiene en la administración de Justicia, teniendo en cuenta el mayor número de litigios que se producen en la región por su capitalidad”.
En ese sentido, López ha hecho un llamamiento a todos los actores que intervienen en la administración de Justicia para sacar adelante el aumento de trabajo provocado por la crisis del COVID-19. A juicio del consejero “es imprescindible hacerlo, porque la Justicia, además de un derecho inalienable, debe ser un motor para la recuperación económica”.
“Revisar la planta judicial, aumentar la ratio de jueces por habitante y dedicar más recursos del Estado a un asunto que es una cuestión de Estado sería dar un paso en la buena dirección”, ha subrayado el consejero. López ha exigido también al Gobierno de Pedro Sánchez que “defienda al Poder Judicial de aquellos que lo atacan, especialmente si esos ataques proceden del propio Ejecutivo”.
“No es admisible –ha añadido el consejero- que desde el Gobierno se arremeta contra el Consejo General del Poder Judicial o se ponga en duda el excelente trabajo y profesionalidad de la Policía Judicial, ya que detrás de esa crítica hay un intento de deslegitimación indirecta del Poder Judicial, una situación que pone en peligro nuestro sistema”.
Resolución de demandas COVID
En su intervención, López ha explicado que la Comunidad de Madrid contará antes de que finalice el año con diez nuevos juzgados, (cuatro de Mercantil, tres de Laboral y otros tres de Primera Instancia, las jurisdicciones con mayor carga de trabajo). Nueve de las nuevas unidades judiciales estarán ubicadas en la capital y una en Torrejón de Ardoz.
Se trata de siete unidades judiciales creadas por el Ministerio de Justicia, con el informe favorable de la Comunidad de Madrid, que sólo están pendientes de una orden del Gobierno central para su puesta en funcionamiento. Forman parte de un total de 30 juzgados que se van a poner en marcha en toda España. Su apertura estaba prevista para el 1 de junio, pero la pandemia la ha retrasado.
A estos siete juzgados se les unirán otros tres de refuerzo –dos de Mercantil y otro de Laboral- que el Gobierno regional ha solicitado que entren en funcionamiento en septiembre. Asimismo, el consejero ha hecho referencia a las medidas incluidas por el Gobierno regional en su Plan de Recuperación, aprobado el 27 de mayo, que recoge dos iniciativas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en Madrid.
La primera de ellas es el refuerzo del orden jurisdiccional social, mediante la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas salas de vistas, con el fin de facilitar y agilizar la celebración de juicios y así descongestionar un orden jurisdiccional de por sí altamente saturado.
La segunda de estas iniciativas tiene como objetivo agilizar la resolución de demandas judiciales por el COVID-19. Para ello, el Gobierno regional va a aportar medio millón de euros el primer año para proveer de personal de refuerzo y de equipamiento necesario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Fiscalía, y así apoyar y reforzar la atención a las miles de demandas de víctimas del COVID-19 que prevén los operadores jurídicos.
Material de protección, test y teletrabajo
El consejero ha incidido en que desde el inicio de la crisis sanitaria la Comunidad ha implantado medidas extraordinarias para proteger la salud laboral de los funcionarios de la administración de Justicia, así como de los ciudadanos que tienen que visitar alguna de las 70 sedes judiciales de la región.
Para ello, la Comunidad ha adquirido 10.000 pantallas faciales individuales que han sido distribuidas entre jueces, fiscales, letrados, funcionarios y personal laboral. Además, se han adquirido unas 110.000 mascarillas, casi 140.000 guantes y más de 16.000 dosis de medio litro de gel.
Asimismo, el Ejecutivo ha comprado e instalado unas 5.000 mamparas de diferentes tamaños: mamparas de mesa para asegurar la separación entre funcionarios; mamparas de separación para las salas de vista para juez, fiscal y abogado y mamparas de pie para la toma de declaración y realización de periciales. Sólo en los Juzgados de Plaza de Castilla se han colocado 78 mamparas de pie, 480 mamparas de mesa y 33 catenarias de dos metros.
La adopción de medidas de distancia social ha incluido un estudio del aforo de las sedes, salas de vistas y espacios comunes, para evitar aglomeraciones y la adaptación de toda la señalética con recomendaciones de uso del espacio tanto en pasillos como en el interior de las salas de vistas. Se han colocado pegatinas informativas en el suelo y paredes –en los juzgados de Plaza de Castilla se han instalado 1.803 pegatinas de este tipo- y, desde el inicio de la crisis sanitaria, se restringió el acceso a las sedes judiciales.
También se ha puesto a disposición del personal al servicio de la Administración de Justicia 9.000 test de detección del SARS-CoV2 para todos aquellos que quieran hacerse la prueba de manera voluntaria. López también ha destacado el importante esfuerzo que se ha hecho en la implementación de medidas que han permitido el teletrabajo.
Así, se han concedido 1.250 licencias del programa ISLA, se han renovado 98 ordenadores de los 1.700 distribuidos entre jueces, letrados y fiscales y se ha reforzado la aplicación Zoom para la realización telemática de vistas en órganos judiciales. Además, se ha aprobado el proyecto de compra de nuevas licencias (1.340 licencias y 1.340 kits de webcams y micrófonos, junto a otras 930 licencias zoom para magistrados).
