- El plazo de solicitud acaba el 23 de mayo.
- Los inquilinos de los locales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo podrán abonar esta moratoria sin intereses en un plazo de dos años.
- Aunque el Gobierno central solo permite esta ayuda a pymes y autónomos, la EMVS ha ampliado la moratoria a todos los inquilinos de locales de la empresa pública.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), dependiente del Área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, aplazará el pago del alquiler cuatro meses a todos los inquilinos de sus locales comerciales que hayan visto afectada su actividad económica a causa de la crisis provocada por el coronavirus.
El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, aprobado por el Gobierno central, aplica esta moratoria solo a pymes y autónomos que tengan un local comercial en alquiler. La EMVS ha decidido dar un paso más allá e incluir en esta ayuda a asociaciones y entidades que también tienen alquilados alguno de los 86 locales propiedad de la empresa municipal.
El coste del alquiler de los locales está siendo uno de los gastos más importantes y difíciles de asumir para muchas empresas y autónomos mientras mantienen sus oficinas o tiendas cerradas y no pueden generar ingresos durante esta crisis sanitaria.
Por eso, el RDL 15/2020 permite a los inquilinos que se hayan visto afectados solicitar una moratoria en el pago de la renta que se aplicará de manera automática. El plazo para solicitar esta ayuda finaliza el 23 de mayo y la EMVS permite tramitarla a través de su página web (www.emvs.es).
A devolver en dos años sin intereses
En el caso de empresas públicas, como la EMVS, la moratoria en el pago del alquiler puede durar hasta cuatro meses si arrendador e inquilino no pactan otras condiciones. El inquilino podrá pagar la deuda, sin intereses, en dos años a contar desde que acabe la moratoria o en el tiempo que le quede de contrato de alquiler si es inferior a estos dos años.
Los requisitos para autónomos es que estuvieran afiliados antes de la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, que su actividad haya quedado suspendida debido a la crisis sanitaria o que, en caso de que no se haya visto suspendida, su facturación se haya reducido, al menos, un 75%.
En el caso de pymes (con menos de 50 trabajadores y un límite de ocho millones de euros de su línea de negocio en dos años), los requisitos también son que su actividad se haya suspendido o una reducción del 75% en su facturación. Actualmente, la EMVS tiene locales alquilados a peluquerías, centros de fisioterapia, empresas de telecomunicaciones o clínicas veterinarias, entre otras actividades, cuya renta media mensual es de unos 270 euros.
Asimismo, la EMVS alquila locales a otras entidades, asociaciones y fundaciones que quedan fuera del real decreto regulado por el Gobierno central y a los que el Ayuntamiento de Madrid también quiere ayudar si se han visto afectados económicamente por esta pandemia. Se trata, por ejemplo, de asociaciones dedicadas a talleres de formación empresarial y artística, ONG y entidades dedicadas a la integración de personas con discapacidad, entre otros.
Los requisitos para este último grupo de inquilinos es que estuvieran legalmente constituidos antes de la declaración del estado de alarma, que la actividad desarrollada en su local haya quedado suspendida o que hayan tenido que incrementar sus recursos para desarrollar actividades extraordinarias para contribuir positivamente en la lucha contra la COVID-19 o paliar sus consecuencias.
Ayudas a viviendas
La EMVS ya aprobó la semana pasada importantes medidas para ayudar también a los inquilinos de sus viviendas afectados económicamente por la COVID-19. La primera, condonar definitivamente a todos los inquilinos de la EMVS, 5.626 familias, el recibo del alquiler de mes de abril.
La segunda, reducir el 50% de la renta durante cuatro mensualidades a todos aquellos inquilinos que acrediten una situación de vulnerabilidad económica, medida que afectará a 1.000 de estas familias.
Y la tercera, ampliando y mejorando las medidas fijadas por el Gobierno central, reducir un 50% el alquiler durante dos meses a otros inquilinos que, no cumpliendo los requisitos regulados por el Gobierno, viven en la actualidad otras situaciones de vulnerabilidad económica. Ayudas que podrían llegar a otras 1.000 familias. En total el ahorro para todos estos inquilinos suma 1,8 millones de euros.