- Creaban distintas empresas y después se personaban en comercios de compañías telefónicas para obtener móviles financiados sin abonar ninguna cantidad económica o en algún caso un importe muy bajo.
- Inmediatamente los teléfonos eran vendidos a otros miembros del grupo, los receptadores, quienes los colocaban en dos establecimientos de telefonía del distrito madrileño de Chamberí.
- Además obtuvieron las claves de acceso a los sistemas de una compañía telefónica anulando así la permanencia asociada a sus terminales, por lo que cuando solicitaban nuevos modelos no figuraba ninguna financiación anterior.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 personas como presuntas responsables de delitos de estafa continuado y pertenencia a grupo criminal por defraudar más de 350.000 euros adquiriendo teléfonos de alta gama. Creaban empresas y después obtenían móviles financiados que inmediatamente eran vendidos a los receptadores que los colocaban en dos establecimientos de telefonía.
Además consiguieron las claves de acceso a los sistemas de una compañía telefónica anulando así las permanencias asociadas a los terminales, pudiendo solicitar más modelos nuevamente. En una operación paralela han detenido a seis individuos también por obtener teléfonos móviles de última generación con identidades falsas o usurpadas ascendiendo el fraude a más de 15.000 euros.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la venta de gran cantidad de teléfonos por parte de las mismas personas en dos establecimientos de la ciudad madrileña. Comprobaron que los mismos eran nuevos y que siempre habían sido adquiridos o el día anterior o varios días antes por parte de empresas creadas recientemente, donde el apoderado de todas ellas era siempre la misma persona.
Tras numerosas averiguaciones los investigadores descubrieron que este individuo era el líder de todo un grupo organizado. Una vez creadas las empresas acudía con todas las escrituras a establecimientos de telefonía para adquirir teléfonos móviles de alta gama financiados no abonando cantidad económica alguna o, en su defecto, un importe muy bajo.
Inmediatamente otros miembros del grupo, los receptadores, eran quienes colocaban los teléfonos en dos establecimientos del distrito madrileño de Chamberí.
Lograron anular los contratos de permanencia
Además, obtuvieron las claves de acceso a los sistemas de una compañía telefónica anulando así la permanencia asociada a sus terminales, por lo que cuando solicitaban nuevos modelos no figuraba ninguna financiación anterior. Su actividad delictiva era intensa y diaria llegando incluso a dejar sin existencias a alguno de los establecimientos y logrando defraudar unos 350.000 euros.
Una vez identificados todos los integrantes, los policías detuvieron a principios del presente mes a los 11 componentes como presuntos
responsables de un delito continuado de estafa – cometieron más de 500 hechos durante dos años-, descubrimiento y revelación de secretos, receptación y pertenencia a grupo criminal.
En el registro del domicilio del principal investigado y cabecilla del grupo los agentes intervinieron casi 25.000 euros en efectivo, dos vehículos siendo uno de ellos un turismo deportivo de alta gama, cuatro datáfonos y numerosa documentación que actualmente siguen analizando por lo que la investigación continúa abierta.
32 delitos de estafa esclarecidos en otra operación
En una operación paralela, los mismos agentes en colaboración con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Cuenca, han detenido en esa ciudad a seis individuos que también obtenían teléfonos móviles de alta gama con identidades usurpadas o falsas y seguidamente venderlos en un comercio de la ciudad de Madrid.
Los terminales eran enviados a domicilios cercanos a los investigados y lograban la entrega en vía pública tras ponerse en contacto con el repartidor logrando así que nunca figurase en el albarán de entrega la dirección de los detenidos.
Una vez los investigadores identificaron a estas seis personas consiguieron arrestarlas el pasado miércoles como presuntos responsables de los delitos de estafa, receptación, falsedad documental y usurpación del estado civil. El valor del fraude asciende a más de 15.000 euros.
