- El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha defendido esta propuesta como «necesaria para mejorar la calidad de vida de estas personas».
- La iniciativa plantea, entre otras medidas, la existencia de apartamentos, que funcionarían de manera similar a las residencias tuteladas de mayores, como entidades autogestionadas de tamaño reducido capaces de responder a las necesidades de sus habitantes.
- El Consistorio ha instado a la Comunidad de Madrid a reflejar jurídicamente este tipo de proyectos de envejecimiento activo y autónomo.
El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha presentado hoy en el Pleno de Madrid una proposición -aprobada por unanimidad de los cuatro grupos municipales- para impulsar el desarrollo experimental de comunidades de cuidados compartidos de mayores.
La iniciativa plantea, entre otras medidas, la existencia de apartamentos, que funcionarían de manera similar a las residencias tuteladas de mayores, como entidades auto-gestionadas de tamaño reducido capaces de responder a las necesidades de sus integrantes que requieran cuidados ordinarios relacionados con la edad avanzada.
Javier Barbero ha señalado que “varios tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia al envejecimiento o a las personas mayores y a su derecho a no ser discriminadas” y ha justificado la proposición desde la óptica del fomento de un envejecimiento activo, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2002.
Envejecimiento activo
El aumento de las situaciones de soledad y el aislamiento, los cambios urbanos acelerados, los procesos de gentrificación que deterioran las redes vecinales y expulsa a determinados colectivos de personas de sus barrios, la crisis de cuidados, la incertidumbre respecto al futuro de las prestaciones y la cobertura social, la pobreza relativa del pensionista y, con ello, su dificultad de acceso a los bienes y servicios, la dificultad de acceso a residencias o el incremento del precio del suelo y las viviendas, etc. suponen riesgos que han empujado a nuestros mayores a la movilización y la acción.
Además, la existencia exclusiva de sistemas de cuidados profesionales a corto plazo dispara su costo tanto para el mantenimiento de la salud como para la atención de las situaciones de dependencia, aunque esta sea en grado leve, absorbiendo todos los ingresos de la persona mayor a la par que anula la capacidad de participación de las personas afectadas.
Por ello, se ha instado a la Comunidad de Madrid a considerar estas alternativas residenciales como una figura más de las ya vigentes en el catálogo de servicios, como pueden ser las viviendas tuteladas o las propias residencias de mayores de menor tamaño.
Suelo público para entidades sin ánimo de lucro
Desde el Consistorio madrileño se plantea permitir el desarrollo de estas comunidades de cuidados compartidos en suelo dotacional genérico o de servicios sociales, particularmente en suelos de titularidad pública, en los que no se plantea a corto o medio plazo otra actividad, en condiciones de cesión de uso. Estos suelos permitirán proyectos de gestión privada por entidades sin ánimo de lucro, preferentemente formadas por asociaciones o cooperativas.
El delegado ha agradecido el trabajo de la Asociación Meridiano para la elaboración de esta iniciativa ya que el trabajo del tejido asociativo “es indispensable en cualquier política pública”. Además, ha señalado: “la productividad de las personas mayores es, para una ciudad como Madrid, de un valor incalculable. Su experiencia, conocimiento y capacidad no concluye con el fin de la relación laboral, ni desaparece cuando cesa de computarse como salario”.
“Es necesario –ha añadido Barbero- permitir a las personas mayores ser protagonistas de nuevas formas asistenciales que, además de asegurar su independencia y autonomía, pongan en valor su capacidad de ser personas productivas, capaces de cuidarse y de cuidar de los demás”.
Por último, el Ayuntamiento de Madrid estudiará fórmulas de apoyo y ofrecimiento de garantías públicas para la financiación de este tipo de iniciativas.