- La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley socialista para impulsar políticas en salud laboral.
- El Grupo Parlamentario Socialista también ha interpelado al Gobierno por su “caótica gestión” en materia de vivienda social.
El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha vuelto a denunciar ante el Pleno “la insostenible e inadmisible situación” en la que viven los menores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en el que se alojan 140 cuando sólo tiene capacidad para acoger a 35.
“Llueve sobre mojado -hemos traído más de 30 iniciativas a esta Cámara- y no es una cuestión de ayer o de hace meses. Esta situación es producto de una mala gestión de años, debido a la falta de previsión y, lo que es mucho más grave, porque ustedes realizaron brutales recortes económicos haciendo desaparecer más de 300 plazas en los últimos años”, apuntó la diputada Carla Antonelli.
Antonelli ha denunciado que en este centro “que entran menores por procedimientos de urgencia, menores extranjeros no acompañados, menores con medida de protección debido a abandono, maltrato, abusos o desatención, están en estos momentos hacinados y durmiendo por los suelos”, una situación que el Grupo Parlamentario Socialista “ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y del Defensor del Pueblo de España para que actúen ante la negligencia, maltrato y dejadez de este Gobierno”.
Además, Antonelli advirtió de esta situación “preocupante”, ya que, “ante todo este panorama, desde los servicios sociales se lo piensan dos veces antes de instar un procedimiento de urgencia hacia menores en situación de desamparo, porque van a estar mucho peor en estos centros que la propia situación de vulneración de sus derechos en la que viven, lo cual es muy grave. ¿Quién protege a estos menores de la Comunidad de Madrid?”.
Salud Laboral
El Pleno de la Asamblea ha dado luz verde, con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, a una proposición no de ley (PNL) para impulsar políticas públicas en materia de salud laboral. La portavoz socialista de Políticas Sociales, Josefa Navarro, señaló que los datos sobre siniestralidad en 2017 son contundentes. En la Comunidad de Madrid, en 2017, se han producido 89.096 accidentes trabajo con baja, 72.856 en jornada laboral, 16.240 in itinere y 57 víctimas mortales”.
“Los datos evidencian un incremento de la siniestralidad laboral en los últimos cinco años. ¿No creen que algo tendrá que ver en todo esto la desregulación del mercado laboral y el empeoramiento de las condiciones de trabajo?”, ha criticado.
Navarro recordó que siniestralidad va también ligada a enfermedad profesional. “La OIT ya nos alerta de que por cada persona que muere en accidente de trabajo mueren cinco por enfermedad laboral, lo que pone de manifiesto la necesidad de instaurar un nuevo paradigma de prevención que se centre en las enfermedades relacionadas con el trabajo y no solamente en los accidentes, porque la enfermedad profesional sigue estando oculta”.
Por todo ello, la iniciativa socialista insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre otras medidas, a mejorar el desarrollo pleno y eficaz de todas las actuaciones en materia de salud laboral del V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, dándole la máxima continuidad en sus actuaciones hasta su finalización en 2020, agilizando con eficacia la tramitación de los convenios con los agentes sociales y, entre otras cosas, reforzando la implicación de la Consejería de Sanidad en la detección de dolencias que puedan tener su origen en el trabajo, para lo que se propone desarrollar en Madrid la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Vivienda social
El GPS también ha interpelado a la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras sobre la vivienda social, “un problema que continúa siendo grave en la región porque el Gobierno no está dando respuestas, más aún cuando la subida del precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha sido de un 37% en los últimos cinco años”, ha asegurado el portavoz socialista de Vivienda, Daniel Viondi.
“La gestión del IVIMA es caótica: el 8% de su patrimonio se encuentra ocupado ilegalmente; otras 300 viviendas tapiadas y otras 550 viviendas sin asignar a quien más lo necesita. Y además, tienen una lista de demanda que supera las 3.500 familias que esperan poder acceder a una casa”, dijo Viondi. “No son capaces de gestionar el patrimonio público de vivienda en Madrid”, sentenció el diputado socialista, que recordó que el Ejecutivo regional vendió “ilegalmente” 2.935 viviendas sociales a fondos buitre y “a día de hoy el Gobierno de Garrido sigue defendiendo que fue legal”.
