Como sucede cada tercer domingo de mes desde hace más de cinco años, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MESDAP) ha salido este domingo 16 en una nueva Marea Blanca contra la privatización sanitaria.
En esta ocasión, la marcha ha transcurrido por un recorrido diferente al habitual, ya que ha arrancado de la plaza del Callao para descender por la calle Preciados hasta finalizar en la Puerta del Sol, ante la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
De esta manera, la Marea Blanca ha abandonado su trayecto más clásico en el centro de Madrid: Colegio de Médicos-Atocha-Ministerio de Sanidad, pero no su espíritu, contenido y actitud perseverante. Una actitud que ha hecho que incluso en los periodos festivos y vacacionales, la protesta continúe, como sucedió con la Marea Blanca del mes de agosto, la número 71.
La MESDAP, que agrupa a asociaciones vecinales y de usuarios, sindicatos, colectivos profesionales y de pacientes, ha dedicado la 72ª Marea Blanca, la de este domingo, a denunciar el deterioro de la atención primaria en la región, fruto de los recortes de los últimos años.
“La descapitalización, mediante inasumibles recortes, sólo provoca la vuelta atrás y obstruye el futuro colectivo ya que rompe con la garantía de procurar la salud para toda la ciudadanía según obligan numerosas leyes. Nada más eficaz que aplicar el criterio de prevenir antes que curar, función primera de la atención primaria para enseñar a fomentar la salud personal y evitar la progresión de cualquier proceso”, indica la mesa en su sitio web.
En el marco de esta lucha, una delegación de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, espacio unitario en el que participa la MESDAP junto a plataformas de otras comunidades autónomas, fue recibida el pasado 5 de septiembre por dos altas responsables del Ministerio de Sanidad en la sede gubernamental, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y la directora general de Farmacia, Patricia La Cruz.
“Frente al ninguneo a que tenía acostumbrada a la MESDAP el Gobierno anterior, del PP, este hecho supone un cambio más que notable. En una extensa reunión y en un clima de cordialidad y respeto mutuo, hemos podido presentar nuestra organización y su carácter, así como el Documento de 38 medidas, hoja de ruta y compendio de las principales reivindicaciones que propugnamos en defensa y recuperación del Sistema Sanitario Público”, indicó tras el encuentro la Coordinadora.
“Tras un intercambio franco de criterios, constatamos sintonías y también diferencias, como es lógico entre un gobierno y un movimiento social autónomo, plural y no partidista”, subrayó la delegación, antes de anunciar que en unas semanas será recibido por la propia ministra de Sanidad.
Foto: Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Madrid – MEDSAP
5 comentarios
El deterioro en la atención primaria se debe a que cada vez somos menos a pagar y mas a beneficiarse de la SS, eso sin contar todos estos de la marea blanca que pagan a mutuas privadas y sin embargo tienen derecho a la sanidad publica y a la privada
Vivimos en un mundo en el que cada cual arrima el ascua a su sardina, estos señores y señoras gozan de la sanidad privada o de la publica en función de sus necesidades y temen que si cada cual elegimos que sanidad queremos se les joda el chollo
No es de recibo que un ciudadano no pueda elegir donde se gasta su dinero
Manifestarse está muy bien y es necesario, pero es absolutamente inútil si luego no existe un compromiso real desde el puesto de trabajo con lo que se predica a gritos en la calle.
Entre las rémoras para el sistema sanitario público se encuentra la derivación cada vez mayor de accidentados laborales, a los que las mutuas no reconocen como tales, buscando el más mínimo indicio de posible enfermedad crónica (e ignorando el artículo 156.2.f de la Ley de S. Social, que indica que aunque así fuera, si ha habido empeoramiento tras el accidente, la patología es legalmente accidental), para remitirlos a sus centros de salud para que se consideren sus dolencias como contingencia común.
Es el sistema sanitario público entonces el que costea sus bajas y tratamientos, en detrimento de las listas de espera y calidad de la atención para otros pacientes, como los jubilados y crónicos «reales» (no por causa accidental laboral).
¿Pero qué ocurre cuando llegas de la mutua (experiencia propia) con un alta improcedente y con un diagnóstico incompleto (o equivocado) al centro de salud, incluso cuando la baja te la negaron ellos anteriormente (mi caso: la baja fue denegada de entrada por la mutua y no podía andar, así que recurrí a la sanidad pública, que tampoco me dio la baja) por considerar que tu problema era de origen accidental laboral? Que recibes la baja por contingecias comunes con patologías crónicas que no constaban anteriormente en tu historia clínica y con síntomas que no tenías antes del accidente. Y además te indican que, si la mutua te cita para control y prescribe el alta, ellos no pueden hacer nada.
Al final, cuando llevas meses de baja y en el hospital público (donde recibes la atención especializada que te negó la mutua, donde un médico asistencial generalista se ocupó de labores que debían haber sido competencia de traumatólogos, vasculares y rehabilitadores) han encontrado alguna otra lesión más crónica que la mutua ignoró, no trató y empeoró sin remedio, siendo ya irreversible, tienes dos opciones: pagarte un forense y un abogado y demandar, sin contar con la ayuda de ningún profesional de la pública, y ser tú mismo el que se dé mil viajes para informarte de cómo ir solicitando los trámites preceptivos por parte del INSS para la valoración de la contingencia o los informes de la Inspección de Trabajo que procedan, o conformarte con quedar lesionado de por vida sin reconocimiento del origen profesional o accidental laboral de las patologías sufridas.
Y eso, al final, en bajas recurrentes posteriores y en pruebas, lo paga la sanidad pública o tu propio bolsillo si necesitas eventualmente el reconocimiento de un porcentaje de incapacidad.
Si en la calle pitamos pero en consulta miramos para otro lado, estamos participando en la venta de la sanidad pública con nuestra omisión del deber de atender al paciente y dar fe de las irregularidades observadas. Y de eso la culpa no la tiene el Gobierno. También la tenemos nosotros.