- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba una moción que apoya expresamente el trabajo de los tres bomberos sevillanos acusados por tráfico de personas en Grecia.
- La sesión plenaria, además, ha reiterado el trabajo de todos los voluntarios que participan en las labores de rescate y salvamento de migrantes y refugiados en el Mar Mediterráneo.
- Se pide el cumplimiento de los compromisos de acogida para solicitantes de asilo y de los acuerdos de ‘no devolución’ derivados de la Convención de Ginebra y un giro profundo de las políticas migratorias.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de hoy, martes 24 de abril, ha reiterado su “apoyo al trabajo de defensores de los derechos humanos, cooperantes, miembros de salvamento marítimo y de las fuerzas armadas y todas las demás personas que prestan ayuda, rescate y asistencia a las personas migrantes”.
A través de una proposición presentada por el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, se reconoce además “el papel de los voluntarios que realizan labores de rescate en el mar, no sólo salvando vidas sino como observadores y testigos de una situación humanitaria crítica sobre la que la sociedad civil reclama mayor información y conocimiento”.
En la proposición, aprobada por unanimidad, “se reconoce la utilidad y el carácter humanitario de las ONG PROEMAID y OPEN ARMS como organizaciones constituidas por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de manera voluntaria y altruista”.
Y de manera concreta, el Pleno municipal ha mostrado su apoyo a los bomberos sevillanos Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre “por su labor humanitaria realizando trabajos de rescate y salvamento en la isla de Lesbos, Grecia”. Estos tres bomberos, que forman parte de la ONG PROEMAID, se enfrentan a penas de prisión en Grecia ya que han sido acusados de tráfico de personas cuando realizaban labores de salvamento entre los refugiados que llegaban a las costas de la isla de Lesbos.
Según el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, esta iniciativa trata de apoyar “a los profesionales comprometidos en la ayuda a los refugiados que están en una situación de riesgo todos los días en el Mediterráneo. Lamentablemente frente a lo que tendría que ser un ejemplo y una actitud permanente de reconocimiento a lo que están haciendo muchísimas personas a título individual, la realidad es que por la mayoría de los Estados nos estamos enfrentando a una criminalización de los que ayudan”.
Considera Valiente esta iniciativa como una llamada de atención “acerca de la implicación que tenemos que tener todos en la crisis de los refugiados que estamos viviendo, en la inmensa fosa de muertos y desaparecidos en la que se está convirtiendo el Mediterráneo y un reconocimiento y apoyo a todos aquellos que están demostrando amar lo que es la seña de identidad de su profesión, el servicio público, el servicio a los demás, sin olvidar que además lo están haciendo de una forma voluntaria”.
Manuel Blanco, sargento de Bomberos en la Diputación de Sevilla y vicepresidente de PROEMAID, considera que “no solamente se está juzgando a tres bomberos. Se está juzgando la solidaridad y se está criminalizando la acción humanitaria, se está penalizando al que ayuda”.
Y ha querido recordar Blanco que ellos simplemente cubren “los huecos que deberían cubrir las Instituciones, los Estados. Hay manos en el mar porque hay personas que se están ahogando. Sabemos los que salen pero no sabemos los que llegan, con lo cual las personas que desaparecen y los muertos no los contabilizamos”.
Se reclama además desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a los países miembro de la Unión Europea y en especial al Estado español “el cumplimiento de los compromisos de acogida para las personas solicitantes de asilo, el cumplimiento de los acuerdos de ‘no devolución’ derivados de la Convención de Ginebra de 1951 y que constituyen la garantía básica del derecho al asilo y la suspensión de los acuerdos de control fronterizo con los países que no respeten los Derechos Humanos”.
El Ayuntamiento de Madrid trasladará la proposición al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que la remita a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) con el objeto de que “se produzca un giro profundo de las políticas migratorias actuales que enfrentan una deriva de externalización de servicio y militarización de las fronteras y que ha provocado de facto el cierre de los pasos legales y seguros, obligando a las personas que huyen de la guerra a recurrir a rutas cada vez más peligrosas y priorizando el control fronterizo al salvamento”.
