El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garesse, ha emitido este miércoles, 10 de abril, un comunicado «en defensa de la Universidad Pública», en el que ha condenado «enérgicamente todas las actuaciones no acordes a la ley y la ética universitaria que aparentemente se están descubriendo».
Además, ha pedido al rector de la URJC que «lleve hasta el final el camino emprendido de búsqueda de la verdad y depuración de responsabilidades».
Comunicado íntegro
Desde hace días se viene hablando de las irregularidades detectadas en el máster cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, algo que está dañando seriamente la imagen de ambas instituciones y, por extensión, de las universidades públicas de Madrid.
Ante todo, queremos condenar enérgicamente todas las actuaciones no acordes a la ley y la ética universitaria que aparentemente se están descubriendo, y pedir al rector de la URJC que lleve hasta el final el camino emprendido de búsqueda de la verdad y depuración de responsabilidades, restableciendo la igualdad de trato para todos. El prestigio de las universidades públicas de Madrid bien lo merece.
Al mismo tiempo, a raíz de este episodio, hemos visto aparecer opiniones que cuestionan la credibilidad de las universidades públicas en su conjunto, generando un discurso que confunde la parte con el todo. Por ello, aun a riesgo de repetir lo obvio, en reconocimiento y respeto al trabajo y la dignidad del profesorado, personal de administración y servicios, estudiantado y egresados de las mismas, afirmamos con contundencia que el sistema universitario público español es riguroso y de calidad.
Que las universidades públicas son las únicas instituciones que pueden garantizar a los ciudadanos el acceso, en condiciones de igualdad, a la educación superior, esencial para el futuro y el progreso en una sociedad y una economía cada vez más basadas en el conocimiento, por lo que no podemos consentir que se las descalifique.
En todas las organizaciones puede haber personas sin escrúpulos, pero no conviene confundirlas con la totalidad de sus integrantes. No se debe, ni es honesto, diluir una cuestión muy concreta y delimitada en el conjunto de los problemas estructurales de la Universidad, que necesitan de otro análisis y otro contexto. Quien así lo hace no contribuye a la solución ni de la primera ni de los segundos, sino que provoca una confusión que perjudica a las universidades públicas.
Nuestras universidades son hoy organismos complejos, constituidos por miles de personas, cuyo funcionamiento se basa en la lealtad institucional, el cumplimiento de la ley como administraciones públicas y la confianza: los profesores en virtud de su plena capacidad docente e investigadora evalúan cada año a los estudiantes. Estos realizan sus exámenes y redactan sus trabajos.
El personal de administración y servicios transcribe y vela por la seguridad y fiabilidad de toda la información. Sin este principio de confianza, el funcionamiento es imposible. Por eso, cuando surgen personas que actúan fraudulentamente, quebrando ese principio de confianza, la salud de la institución y del sistema exige actuar diligente y contundentemente para restaurar el principio de confianza.
Por su parte, corresponde a la institución dotarse de medidas y protocolos contrastables que garanticen la transparencia, la trazabilidad de los procesos y prevengan y eviten los comportamientos inapropiados, exigiendo el cumplimiento estricto de los mismos. Pero en ningún caso se puede confundir la actuación aislada de algunas personas con la conducta de la institución en su conjunto. A este respecto conviene recordar que ahora mismo hay más de millón y medio de estudiantes y más de cien mil profesores en las cincuenta universidades públicas de nuestro país.
La universidad pública ha jugado, y tiene que seguir haciéndolo, un papel decisivo en la modernización, en el impulso de la equidad y en el desarrollo de nuestro país, habiendo asumido con éxito, a pesar de las condiciones de partida, sus funciones de formación, de generación de ciencia y de transferencia de conocimiento. Contamos con un sistema universitario integrado en el contexto europeo e internacional que imparte una educación homologable a la de nuestros vecinos y que aporta el sesenta por ciento de la producción científica del país, contribuyendo a situar a España en puestos destacados en los rankings de publicaciones en el mundo.
La cualificación de quienes completan sus estudios es reconocida en todo el mundo. Y todo ello se ha hecho sin estridencias, con unos recursos sensiblemente inferiores a los de la mayoría de universidades europeas y con una legislación poco adecuada para el desempeño de las tareas de investigación y docencia.
El mejor antídoto contra determinados comportamientos es una autonomía sólida y real que haga que sus recursos y la correspondiente rendición de cuentas garanticen independencia ante cualquier poder ajeno a los fines puramente académicos. Sin duda la universidad pública española tiene muchos retos que abordar: necesita una financiación estable y suficiente, la revisión de sus figuras de profesorado, la adecuación de una ley de gestión de la investigación, la incorporación en sus aulas de nuevas tecnologías, la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan la movilidad, la eliminación de la precariedad en algunos sectores y tantos otros.
Pero podemos asegurar que lo que no faltan son profesionales competentes ni protocolos de actuación para garantizar que nuestros títulos son de alta calidad y cumplen con todas las exigencias requeridas.
