- De acuerdo a los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2016, el Ayuntamiento de Madrid lidera la ejecución de IFS entre las entidades locales españolas con más del 28% del total.
- A pesar de las limitaciones legales, frente al gasto de 30 millones de euros realizado en 2014, en 2017 se realizaron IFS por un importe de 150 millones, lo que significa que se ha multiplicado por cinco la ejecución.
- Para el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, la ampliación del marco legal para realizar IFS supone «una buena noticia, ya que redundará en beneficio de la ciudadanía».
El Ayuntamiento de Madrid, la entidad local española que más Inversiones Financieramente Sostenibles realizó en 2016 -según el último dato disponible ofrecido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública- superará ampliamente la realización de IFS este año en beneficio de la ciudadanía.
La aprobación del Real Decreto-ley por parte del Consejo de Ministros, que permite la reinversión del superávit de 2017 ampliando los programas de ejecución de las IFS, supone una buena noticia para el Ayuntamiento de la capital, que cuenta con más de 1.120 millones de euros de superávit.
La actual interpretación que hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública de la regla de gasto para el Ayuntamiento de la capital limita su capacidad de realizar nuevas inversiones. Legalmente solo existe la posibilidad de incrementar este tipo de gastos a través de las IFS.
«A pesar de las múltiples restricciones impuestas al Consistorio, el esfuerzo del Gobierno municipal en el actual mandato ha permitido multiplicar por cinco el gasto en IFS desde 2014: frente a los 30 millones de ese ejercicio, en 2017 se ejecutaron IFS por un importe de 150 millones de euros, es decir, un 400% más», destacan fuentes municipales.
Para el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, la aprobación del Real Decreto supone un “salto cualitativo ya que el Gobierno municipal podrá reinvertir parte de esos 1.120 millones de euros a programas que mejoren la vida de la ciudadanía. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ese sobrante representa más de una quinta parte de los 5.000 millones de superávit que suman las entidades locales españolas».
Para Jorge García Castaño, el decreto supone «un paso importante, ya que es fruto del esfuerzo y la presión realizada por los ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que va a permitir que en la ciudad de Madrid invirtamos el superávit en zonas verdes y vías públicas, en equipamientos públicos como escuelas infantiles, unidades de Policía Municipal, así como acometer actuaciones que mejoren la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático”, entre otras.
Madrid, el ayuntamiento que más IFS ejecuta
“Desde hace mucho tiempo -subrayó el delegado de Economía y Hacienda- somos el ayuntamiento que más IFS ejecuta en España, con mucha diferencia”, y con la aprobación del Real Decreto “creemos que este año vamos a poder llegar prácticamente al tope de las IFS que podemos financiar con el remanente del año pasado”.
Las peticiones del Ayuntamiento de Madrid de los últimos meses han estado completamente alineadas con las de la FEMP, con la que de manera habitual se mantienen encuentros para avanzar en la mejora de la financiación local, como la habilitación de las medidas oportunas para destinar el superávit de 2017 a la realización de IFS.
Asimismo, y en línea con la normativa europea, ambas entidades exigen al Gobierno central que «la regla de gasto se aplique con mayor flexibilidad a aquellas entidades locales como Madrid que han realizado un importante esfuerzo para presentar unas cuentas saneadas, tanto en términos de déficit como de reducción de deuda».
En este sentido, el Pleno del pasado 28 de febrero aprobó por unanimidad una proposición planteada de forma conjunta por Ahora Madrid y PSOE para instar al Gobierno de España a que, en el marco del grupo de trabajo creado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se revise la regla de gasto, dentro del marco normativo de la Unión Europea, con el fin de que los ayuntamientos que cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, puedan destinar su superávit estructural a la mejora de los servicios públicos en el ámbito de sus competencias.
También se pedía la reinversión de los superávit de 2017 con mayor autonomía para elegir la dirección de estas inversiones, superando los criterios marcados actualmente para las Inversiones Financieramente Sostenibles, lo que será posible a partir de ahora.