«El Ayuntamiento de Madrid debe ampliar sus competencias, y en paralelo mejorar su financiación mediante la participación directa en los ingresos de la Comunidad de Madrid», ha reclamado la portavoz socialista.
La portavoz municipal del PSOE, Purificación Causapié, ha reclamado que «el nuevo Estatuto de Autonomía de Madrid aborde la ampliación de las competencias municipales y su financiación, así como la necesaria Ley de Capitalidad que recoja las particularidades de Madrid como capital del Estado y proteja y amplíe las competencias y financiación de la capital».
“El Ayuntamiento de Madrid debe ampliar sus competencias, y en paralelo mejorar su financiación mediante la participación directa en los ingresos de la Comunidad de Madrid, tal y como sucede ya en otras comunidades autónomas. Y, por supuesto, el Ayuntamiento debe tener reconocida su capacidad para decidir sobre sus gastos, de decidir en qué se gasta el dinero que le han dado sus ciudadanos y ciudadanas”, ha señalado la portavoz municipal socialista en su comparecencia hoy ante la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid.
Esta nueva Ley Autonómica de Capitalidad, cuya necesidad ya estaba contemplada en la Ley de Bases de Régimen Local en su disposición adicional sexta, «es un debate siempre pospuesto pero que cada vez es más urgente de abordar: Madrid necesita actualizar su marco normativo, algo que ya han conseguido otras ciudades como Barcelona, que ya cuenta con su propia Ley, aprobada por el Parlament en 1998”.
Para Causapié, «el eje de esta nueva Ley debería ser la reactivación del proceso de transferencias competenciales a los municipios, siguiendo el principio de administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas. Esta transferencia de competencias debería contemplar áreas tan importantes como consumo, deportes, educación, juventud, medio ambiente, política de Igualdad, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, transporte, turismo y por supuesto vivienda y servicios sociales».
Además, y tal como prevé la ley 3/2003 de Desarrollo del Pacto Local, “sería conveniente que se pudiera ampliar las competencias en cualquier otra materia que se considere conveniente para el mejor servicio público”, ha apostillado la dirigente socialista.
«Esta reordenación competencial, debería aportar significativas ventajas para los administrados, de la mano de una mayor eficacia y eficiencia en su prestación». Entre estas mejoras, Causapié ha citado «una mayor celeridad en el acceso a los servicios públicos, simplificando su gestión hoy compartida entre varias administraciones; un mejor conocimiento de los servicios y prestaciones a los que tiene derecho la ciudadanía; un ahorro de costes en la prestación de los servicios sin merma de su calidad y una mayor calidad en la atención, como podría ser el caso de los servicios básicos de salud, la prevención de la salud, la atención a la drogodependencia, etc».
La nueva Ley de Capitalidad debería, según ha explicado Causapié, garantizar las actuales competencias propias impidiendo que puedan ser modificadas por actos unilaterales del a Administración Central o Autonómica; establecer un marco claro para el traspaso de competencias que a día de hoy están siendo desempeñadas por la Comunidad pero que tendrían mejor encaje y ejecución en la administración local.
Para Causapie, «también es importante que facilite la gestión de servicios públicos a través de consorcios específicos y la posibilidad de establecer instrumentos de coordinación y cooperación entre Ayuntamientos para el mejor desempeño de competencias compartidas, tales como movilidad, lucha contra la contaminación, turismo, promoción cultural, etc».
“En concreto, me estoy refiriendo al desarrollo del área metropolitana de la ciudad de Madrid como un espacio de cooperación técnica y para la mejora de los servicios públicos”, ha explicado Causapié.
Una financiación suficiente y transparente
«Obviamente, este nuevo despliegue competencial, para que sea un éxito, requiere de que se le dote de una adecuada financiación, con la transparencia y estabilidad precisa. No es de recibo que los Ayuntamientos se financien a través de convenios y subvenciones, tenemos que buscar otros sistemas de financiación”, ha detallado la portavoz socialista.
En este sentido, “la aplicación de la regla de gasto, tal y como se está haciendo, es un ataque a la autonomía local y los derechos de la ciudadanía”. Causapié ha explicado que «cuando se restringe y orienta el empleo de su superávit, de hecho se está interviniendo a los Ayuntamientos, en una política cargada de ideología”.
«Mientras se prioriza la amortización de la deuda, se constriñe el sector público, impidiendo su colaboración en el desarrollo económico. Convendrán conmigo por tanto en que éste es un ajuste ideológico, porque reduce el sector público, y es un ajuste equivocado, puesto que se hace además en un momento de mejora de la economía, precisamente cuando la inversión y el gasto público podrían apoyar el crecimiento económico en lugar de restringirlo” ha criticado.
Causapié ha explicado que «los socialistas defienden la estabilidad presupuestaria», y sus propuestas comparten la “prudencia” con que Ayuntamientos y FEMP están actuando en materia financiera. Por eso “hemos presentado en el Pleno del Ayuntamiento y apoyamos decididamente las iniciativas destinadas a interpretar la regla de gasto de una manera menos restrictiva, sin comprometer por ello la estabilidad presupuestaria”.
La portavoz ha explicado que «esta prudencia y compromiso con la estabilidad es perfectamente compatible con ampliar el uso de los superávit municipales para permitir su empleo en la financiación de una mayor variedad de infraestructuras, así como para la contratación de personal de servicios esenciales como bomberos, policía o Samur o la prestación de servicios sociales o apoyo al empleo», ha detallado.
“No se puede decir a un ayuntamiento que paga su deuda y tiene superávit que es un riesgo para la estabilidad presupuestaria del país. Esta es la situación de la mayoría de los ayuntamientos y por tanto es el momento de cambiar estos criterios y evitar los recortes en los derechos ciudadanos que acarrean”.
Finalmente, la portavoz socialista ha apelado a la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, para que «desmonte de una vez la batería de recursos judiciales con que está torpedeando y entorpeciendo el trabajo en el Ayuntamiento de la capital y su negociación colectiva».
“Espero que después del acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindícales. La Delegación del Gobierno retire los recursos que tiene presentados a los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid, empezando por el que afecta a las 35 horas. Si no lo hace, difícilmente será creíble su actuación”, ha señalado Causapié.
