- En la sesión han comparecido siete responsables y técnicos, que han respondido a las cuestiones planteadas por los portavoces de los cuatro grupos municipales.
- La Cámara de Cuentas ha cuestionado el modelo de gestión de Madrid Calle 30.
- El consejo de administración de Madrid Calle 30 aprobó en junio una sanción de 375.000 euros por un incumplimiento contractual. Se sumó a otras tres, también por infracciones, por valor de 995.000 euros impuestas en mayo.
La Comisión no permanente de Investigación sobre la situación económica financiera de Madrid Calle 30 y su incidencia en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid ha celebrado hoy, martes 4 de julio, su segunda sesión, en la que se han analizado cuestiones relativas al desarrollo societario, reequilibrios económicos, la constitución de empresa mixta, las repercusiones económicas para la arcas públicas o los importes del contrato modificado en 2007.
En la comisión han comparecido y han respondido a las cuestiones planteadas por los cuatro grupos municipales (Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos) las siguientes personas:
- La actual delegada de Medio Ambiente y Movilidad y miembro del Consejo de Administración por IU durante la reforma de Calle 30, Inés Sabanés; el jefe del departamento financiero de Madrid Calle 30, Jesús Jiménez Allen; el director general de Desarrollo Urbano Sostenible, director de Madrid Río y actualmente director del contrato de Madrid Calle 30, José Luis Infanzón; la secretaria del Consejo de Administración y jefa del departamento jurídico de Madrid Calle 30, Carmen Jiménez Martín-Ortega; el subdirector general de Sector Público, Julio Hernanz Bodero; el jefe del departamento de Construcción de Infraestructuras Singulares, firmante de la memoria justificativa del modificado de 2007, Jorge Presa Matilla; y el jefe de servicios de la Dirección General de Presupuestos, Miguel Ángel Vázquez Gómez.
No han acudido a la comisión, a pesar de estar citado, el que fuera vicealcalde en la etapa de las obras de remodelación de Calle 30, Manuel Cobo. En el caso de Cobo, además, fue también presidente de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento, el máximo organismo para velar por el cumplimiento del contrato, que dio el visto bueno a la documentación del modificado de 2007, objeto de estudio de la sesión de hoy.
Tampoco han comparecido el exdelegado de Hacienda, Juan Bravo; el gerente de Infraestructuras de la Ciudad y consejero apoderado de Madrid Calle 30, firmante del modificado de 2007, Manuel Arnaiz; y Juan Antonio de las Heras, subdirector del departamento de Construcción de Infraestructuras Singulares, firmante de la memoria justificativa del modifica de 2007 y director de las obras iniciales de reforma. Todos ellos manifestaron su intención de no comparecer.
En la Comisión, constituida el pasado mes de abril y que celebró su primera sesión el 3 de junio, participan los cuatro grupos municipales. Los portavoces son Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda, del grupo municipal Ahora Madrid; Mercedes González, del grupo municipal socialista; Íñigo Henríquez de Luna, del grupo municipal popular; y Miguel Ángel Redondo, del grupo municipal Ciudadanos. La presidencia de la Comisión la ostenta el edil socialista José María Dávila y la vicepresidencia, la concejala de Ahora Madrid Esther Gómez.
La tercera sesión está prevista para el 12 de septiembre, donde se abordarán cuestiones como el mantenimiento, la explotación, el contrato modificado de 2007 o las facturas.
Los comparecientes acordados en la Junta de Portavoces para septiembre son el consejero apoderado de Calle 30 por EMESA, Ceferino San Román; el ex delegado de Seguridad y ex presidente de Madrid Calle 30; Antonio de Guindos; la ex delegada de Urbanismo y presidenta del Consejo de Administración en 2005, firmante del contrato entre Madrid Calle 30 y EMESA de 2005 y del acuerdo de Junta de Gobierno por el que se autoriza el gasto del modificado de 2007, Pilar Martinez; el ex responsable de seguridad de Calle 30, Santiago Vilariño; Félix Arias, miembro del Consejo de Administración por el PSOE; la que era Secretaria General Técnica, firmante de la conformidad del modificado de 2007 y del informe de Intervención General para dicha modificación, Paula Mato; Jesús María González Pueyo, interventor general, firmante del informe de Intervención General para la modificación del contrato de 2007; Julio Gracián Gómez, representante de EMESA, firmante del contrato modificado entre Madrid Calle 30 y EMESA; Juan Ignacio Beltrán García-Echaniz, representante de EMESA, firmante del contrato modificado entre Madrid Calle 30 y EMESA; y Pablo Usán, anterior director del contrato a partir de 2012.
Incumplimientos y penalizaciones
El Consejo de Administración de Madrid Calle 30 de junio pasado aprobó la imposición de una penalización derivada del incumplimiento contractual en la instalación y mantenimiento del telecontrol del alumbrado a cielo abierto. La sanción asciende a 375.000 euros y se sumó a otras tres aprobadas en el consejo del mes de mayo (referidos a la inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass, falta de instalación de una red wifi y de otra red de comunicación PDH), por valor de 995.000 euros.
Madrid Calle 30, cifras y gestión cuestionada
La Cámara de Cuentas ha cuestionado el modelo de gestión de Madrid Calle 30, argumentando que la privatización no viniera acompañada de los necesarios estudios técnicos, jurídicos y financieros.
Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento de Madrid, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, EMESA, que cuenta con el 20% restante. Se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.
En junio del año 2007 entró en vigor la modificación del contrato entre Madrid Calle 30 y el Ayuntamiento y, por ende, la modificación de los servicios a prestar por el socio privado y su remuneración. Dicho contrato modificado está siendo actualmente auditado y forma parte de la investigación de la Comisión.
El Ayuntamiento de Madrid destina anualmente cerca de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), de los cuales solo 28 millones aproximadamente, están consignados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto va al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades, si bien una porción revierte en el reparto de dividendos al Ayuntamiento de Madrid.
La sociedad se fundó inicialmente para construir los túneles de la M-30, de forma que el coste de estas grandes obras no computaron como deuda municipal. El objeto social y la actividad principal incluyen la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora, de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras y espacios relacionados. La sociedad ya no tiene deuda, subrogada en 2011 al Ayuntamiento, aunque sigue funcionando con el diseño mercantil inicial.
