- En su elaboración han participado cuatro instituciones, asociaciones vecinales de todos los sectores y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la zona.
- En los últimos meses, el Ayuntamiento de Madrid ya ha incrementado su actuación en materia de seguridad, movilidad, limpieza, accesibilidad y programas sociales.
- El objetivo del acuerdo firmado hoy es ordenar esta zona y garantizar los derechos de sus habitantes, bajo la premisa, en la que han coincidido todas las administraciones, de facilitar la participación al vecindario en la definición del futuro de esta zona.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena ha firmado hoy, miércoles 17 de mayo, el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana junto a Cristina Cifuentes, presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid; Concepción Dancausa, delegada de Gobierno en Madrid; Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid; y Ángel Viveros, alcalde de Coslada. También han rubricado el acuerdo los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado, de Ciudadanos; Lorena Ruiz-Huerta, de Podemos; Ángel Gabilondo, del grupo Socialista; y Enrique Ossorio, del partido Popular.
Junto a Carmena, han acudido al acto también Pedro Navarrete, comisionado del Ayuntamiento de Madrid para La Cañada Real y Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda. No ha podido asistir el delegado del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui (quien ha liderado las negociaciones en nombre del Gobierno municipal), ya que está en Lisboa (Portugal), donde ha acudido para participar en unas jornadas sobre descentralización a las que ha sido invitado por la alcaldía de la capital portuguesa.
El objetivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana es ordenar esta zona y garantizar los derechos de sus habitantes bajo la premisa, en la que han coincidido todas las administraciones, de facilitar la participación de las vecinas y vecinos en la definición del futuro de este ámbito.
Convenio urgente
El Ayuntamiento de Madrid considera que el paso más urgente es avanzar en la firma del convenio de realojo entre el consistorio y la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad, organismo competente en materia de erradicación del chabolismo, realojo e integración social de afectados. El convenio debe determinar los recursos que las administraciones públicas van a destinar a esta tarea y las condiciones concretas en las que se va a desarrollar.
En líneas generales se prevé la consolidación de la totalidad del sector 1 en el municipio de Coslada mediante la calificación del suelo como urbano (modificación PGOU). La ordenación de los sectores del 2 al 5 están sujetas a varios informes (urbanístico medioambiental, jurídica y económica) cuya elaboración ha de concluir en un máximo de un año prorrogable a otro.
El sector 6, en el viven unas 150 familias, está sujeto a afecciones medioambientales que hacen inviable su consolidación, por lo que será desmantelado mediante un convenio que firmarán el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el realojo de su población, empezando por la más vulnerable, ubicada en la denominada zona 6 sin asfaltar. Está previsto que el realojo sea disperso en el conjunto de la Región.
El pacto contempla, asimismo, la elaboración de una estrategia para el realojo de la población que, ya sea por razones territoriales, ambientales, de seguridad, o de salubridad no puedan continuar en sus viviendas y, por último, la restauración del medio natural en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas.
El acuerdo firmado hoy en la sede de la Comunidad de Madrid establece un plazo de dos años para abordar esta tarea, por lo que se estima que en breve la agencia inicie los trabajos de elaboración de informes, recopilación de documentación y acompañamiento social de las familias afectadas. Con el pacto se quiere regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad, derecho a la vivienda, consenso, transparencia, respeto a la diversidad, cooperación y coordinación interadministrativa y cohesión social.
