La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha dado instrucciones para que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular en la denominada Operación Lezo.
Esta decisión ha sido adoptada a la vista del criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que ha puesto de relieve que las irregularidades investigadas afectan a diferentes organismos de la Administración regional, y de las mismas puede derivarse un perjuicio patrimonial para la propia Comunidad de Madrid.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seguirá a partir de ahora la evolución de las investigaciones, para personarse en el momento procesal oportuno.
Esta actuación viene a sumarse a la llevada a cabo el pasado año, cuando se dio traslado a la Fiscalía de un amplio informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito.
Según fuentes regionales, «esta nueva iniciativa de carácter jurídico sigue el criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de ‘tolerancia cero’ con la corrupción, que ya se ha aplicado con anterioridad con la personación del Gobierno regional en la Operación Púnica y en la Operación Gurtel, para defender los intereses de los madrileños».
