- El Grupo Municipal Socialista ha conseguido el apoyo del Pleno de Madrid a su propuesta de que la Agencia Tributaria de Madrid elabore un estudio sobre las consecuencias jurídico-económicas que en Madrid tendrá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- La propuesta socialista también recoge que se estudie el procedimiento para dar respuesta a las posibles reclamaciones de los ciudadanos afectados.
- Una propuesta presentada por Ciudadanos sobre el mismo tema fue rechazada por los votos en contra de la mayoría del Pleno.
El Grupo Municipal Socialista ha conseguido el apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para aprobar su propuesta de que la Agencia Tributaria de Madrid elabore un informe que analice las consecuencias en Madrid de la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido coloquialmente como plusvalía (el segundo en importancia por ingresos en la capital, por detrás del IBI).
Los socialistas, tal y como ha explicado la portavoz de este grupo en Presupuestos y Hacienda durante su intervención en el pleno, Érika Rodríguez, «detectaron esta necesidad después de conocer la sentencia del Constitucional que advierte de que los ayuntamientos no pueden gravar aquellas operaciones inmobiliarias que conlleven pérdidas económicas para los propietarios. Es decir, que la administración local no puede cobrar la plusvalía en las operaciones que se compraron en plena burbuja inmobiliaria y que ahora se venden a un precio inferior».
“Tenemos que anticiparnos y estar preparados para los efectos que esta sentencia puede producir en Madrid”, ha adelantado la concejala socialista, que ha insistido «en la conveniencia de que el Ayuntamiento haga un análisis sobre el impacto de la sentencia y agilice la tramitación de las devoluciones de los posibles afectados».
“Nos preocupan las familias y también la incidencia económica que tendrán las devoluciones”, ha detallado Rodríguez, que ha aprovechado su intervención para recordar «la necesidad de una nueva Ley de Financiación Local que mejore los recursos de los ayuntamientos para prestar servicios públicos adecuados».
La propuesta defendida por Érika Rodríguez también recoge que se elabore un estudio del procedimiento para “dar respuesta a las posibles reclamaciones que interpongan los ciudadanos afectados”.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC)
El 16 de febrero, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos de la normativa que regula en Guipúzcoa el impuesto sobre el incremento del valor catastral de los terrenos y que debe pagar el propietario cuando vende la propiedad. El TC sostiene que no se puede exigir tal tributo cuando se ha transmitido un inmueble con pérdidas (generadas por la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta, en pleno boom y ahora). De momento, el fallo se circunscribe a Guipúzcoa, con régimen foral propio, aunque no se descarta que se extienda a otros territorios españoles. Las reclamaciones serían retroactivas hasta cuatro años.
