El Grupo Municipal Popular que preside Esperanza Aguirre y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) coincidieron hoy en denunciar el «señalamiento a funcionarios municipales que prevee el borrador» de la Oficina Antifraude que el Gobierno de Carmena quiere poner en marcha con el apoyo del PSOE.
Esta es la principal conclusión a la que han llegado el portavoz de Participación y Transparencia del PP, Percival Manglano, y Manuel González Molina, presidente autonómico de CSIF, y Víctor Martínez, responsable del área Local de ese sindicato mayoritario, tras reunirse hoy en las oficinas del grupo municipal popular un día antes de la celebración de la Comisión municipal que abordará la puesta en marcha de la Oficina Antifraude del ayuntamiento.
«Carmena no lo ha consultado con los sindicatos»
Manglano, que estuvo reunido con los representantes sindicales durante hora y media, recordó que el Gobierno de Carmena “no ha informado ni consensuado” con ningún sindicato un texto que, a juicio del Partido Popular, supone el “amedrantamiento” a funcionarios. Para Manglano, no es tolerable el “control político” que el Gobierno de Carmena quiere otorgar a esta Oficina.
En ese sentido, Manuel González recordó que “cualquier modificación de la normativa que afecta a los empleados públicos, debe ser consultada con los sindicatos, algo que no se ha producido”.
Asimismo, González subrayó que el trabajo de los funcionarios “no puede estar sujeto a los caprichos del Gobierno de turno”, criticó los “problemas evidentes” generados por las “medidas unilaterales tomadas por los Gobiernos populistas” como el de Ahora Madrid y anunció que su organización ofrecerá asesoría jurídica a los funcionarios que formen parte de este organismo anticorrupción “para que no haya abusos”. “Estamos totalmente en contra de la utilización de los funcionarios” prevista en el borrador de la Oficina Antifraude, afirmó.
Enmienda a la totalidad
El Grupo Municipal Popular ha presentado 32 enmiendas parciales y una a la totalidad de un borrador que, según el grupo que lidera Esperanza Aguirre, «supera el ámbito competencial municipal y se extralimita en funciones propias del Poder Judicial».
Manglano quiso dejar claro que su grupo «apoya medidas de control de posibles prácticas fraudulentas y corruptas en la administración, tal y como ya propuso Aguirre en la campaña electoral, con la puesta en marcha de una Oficina de Buenas Prácticas y Transparencia».
Y es que a jucio del PP, la persona que debe dirigir ese organismo «debería ser un funcionario publico, de acreditada experiencia, habilitado de carácter nacional, y que depanda de la Intervención General del Ayuntamiento y no del Pleno municipal».
En sus enmiendas, el PP plantea que la elección de ese funcionario «tenga un amplísimo consenso de los grupos municipales», y defiende que éste sea nombrado «con el apoyo de las 2/3 partes de los concejales en lugar de la mayoría que plantea el borrador del Reglamento», concluyen.
