Las áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Salud, Seguridad y Emergencias ponen en marcha el estudio de una batería de medidas sociales encaminadas a propiciar alternativas de sostenibilidad vital a las personas que se dedican a la venta ambulante no regulada (conocida como «top manta») en la ciudad con el objetivo de reducir en lo posible este tipo actividad. «Las medidas exclusivamente policiales, tal y como se ha demostrado en el quehacer de las anteriores corporaciones, no han funcionado hasta ahora», explican desde el Ayuntamiento.
Varias son las medidas que se están barajando desde el Consistorio, tales como la ampliación y refuerzo con nuevas funciones de la Oficina de Atención a la Población Migrante, la existencia de un carnet de ciudadanía madrileña que dé acceso a los recursos del Ayuntamiento o la puesta en marcha de alternativas sociolaborales.
Además, se está trabajando ya en espacios de diálogo con las asociaciones de manteros, así como de comerciantes y con algunos otros actores implicados, como los responsables de las Juntas de Distrito, cuyos diagnósticos y propuestas serán la base de las medidas a implementar. Todo ello estará integrado en el marco de la elaboración de una nueva ordenanza de convivencia en la ciudad, uno de los objetivos de la presente legislatura. Además, como recientemente se ha presentado, se ha diseñado un plan de refuerzo a la actividad policial habitual, que podrá ser utilizado en el caso de ser necesario.
Según explica el Ayuntamiento, «este plan queda aplazado al estar supeditado a las necesidades, desarrollo y resultados de las medidas sociales que van a ser implementadas, en coherencia con el Plan Director de Policía presentado este año. Esto es congruente con el propio escrito de Policía Municipal en el que se afirma textualmente que «considerando que el Plan va mucho más allá de la mera intervención policial y que la problemática social existente de este colectivo en muchos casos les imposibilita ganarse la vida de otra forma, sería necesaria la implicación de otros agentes sociales para atajar el problema existente desde distintos ámbitos». En consecuencia, ambos tipos de intervención han de ir armonizados, sabiendo que el eje central, la prioridad, será el abordaje social». El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha destacado que «la experiencia dice, además, como se ha demostrado los últimos años, que un abordaje exclusivamente punitivo está llamado al fracaso. Es imprescindible encontrar respuestas complejas a realidades que también lo son».
El enfoque de derechos
El Ayuntamiento de Madrid «trabajará para reflejar la complejidad existente en torno a este tipo de venta ambulante. Situar la centralidad de la cuestión en un conflicto entre manteros y comerciantes y/o viandantes no solo es desproporcionado, sino profundamente injusto e ineficaz». El delegado, Javier Barbero, ha señalado que “no debe realizarse una problematización interesada de lo que pasa en la ciudad. Los Derechos Humanos no deben ponerse en cuestión en ningún caso. No se puede construir un problema mediáticamente”.
La Corporación «trabaja desde un enfoque de derechos y, por tanto, por el reconocimiento y la garantía de los derechos de todas las partes (manteros, comerciantes, viandantes, etc.), así como por reducir al máximo un tipo de venta que reproduce las lógicas de exclusión y estigmatización social de poblaciones enormemente vulnerables. Los beneficiados serían, en definitiva, las vecinas y vecinos de Madrid», argumentan desde el equipo de Gobierno.
En definitiva, «el Ayuntamiento trabajará para evitar cualquier medida que pueda criminalizar la vida de las personas que hoy se dedican a la venta ambulante en la ciudad de Madrid», añaden.
Finalmente, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias ha señalado la importancia de «reclamar la modificación de la ley de extranjería y de la reforma del código penal, porque es éticamente inadmisible que ningún mantero entre en prisión por la venta ilegal que realiza y, asimismo, exigiremos también medidas de regulación extraordinaria que permitan que personas que llevan conviviendo con nosotros muchos años puedan normalizar su situación administrativa para poder convivir, sin esconderse, en nuestra ciudad».
