Provocar duplicidades y retrasos. Esa es la razón por la que Ahora Madrid se ha opuesto hoy en el Pleno a la enmienda transaccional sobre la actuación municipal ante los asentamientos chabolistas. “Gran parte de lo que se solicita ya lo estamos haciendo, por eso votamos en contra de esta enmienda totalmente innecesaria y redundante”. Así ha resumido la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, las razones de su grupo para el “no” a la enmienda suscrita por el resto de los grupos políticos, aunque reiteró su compromiso de desarrollarla “como hago con todos los acuerdos que se adoptan por este Pleno”.
Higueras inició su intervención negando la mayor, la afirmación de que el actual equipo de Gobierno desatiende a las familias gitanas procedentes del Este de Europa. Hay un trabajo constante de atención, seguimiento y evaluación, principalmente del Samur Social, pero en estrecha y “exquisita” colaboración con el resto de los actores implicados de otras áreas de Gobierno –policía, servicios de limpieza, SAMUR-Protección Civil-. “Trabajamos con estas personas y adoptamos políticas de trabajo con ellas”, basadas en la atención integral, sin obviar el impacto vecinal que entrañan estos asentamientos. “La sociedad debe sentirse alarmada de que haya personas que tengan que vivir así, de que no seamos capaces de ofrecer una alternativa real, digna y verdaderamente integradora, atendiendo a la diversidad en plazos razonables. Esa, para mí es la verdadera alarma social”.
Labor minuciosa y constante
Desde el Ayuntamiento, pero principalmente desde el Área que preside Higueras, se realiza una labor cotidiana y minuciosa que ha permitido cifrar al detalle el volumen del problema: 1.226 personas en distintos asentamientos o, lo que es lo mismo, el 0,03% de la población de la ciudad. De ellos, 777 son rumanos de etnia gitana, que mayoritariamente viven en agrupamientos (486), mientras que los 291 restantes lo hacen en asentamientos estables. El más numeroso está en Arganzuela con 50 personas, un número elevado que contrasta con las 4 personas que integran otros doce asentamientos, o las tres que conforman otros tres.
Pero algo mucho más importante que la frialdad de las cifras: “conocemos sus nombres, sus enfermedades, su parentesco, si tienen perros, si viven en estructuras estables o si , por el contrario, instalan una tienda de campaña para dormir por las noches y las levantan por la mañana, en cuyo caso no serían asentamientos sino agrupamientos”. Esa cercanía retrata la estrategia de actuación del Gobierno municipal: enfocar la mirada en “las personas, en los derechos humanos, en los derechos sociales, en la dignidad, en las condiciones de vida de las personas desfavorecidas y vulnerables”. Higueras negó tener constancia de una posible trata de personas o actuaciones de cualquier mafia en estos asentamientos. La denuncia ante la fiscalía sería inmediata en caso de que fuera así.
La delegada reclamó seriedad y rigor al abordar un tema de este calado social porque “las soluciones no son fáciles, requieren de la intervención coordinada de diferentes servicios y áreas de gobierno, así como del concurso de otras administraciones”. Pero se mostró firme ante el “discurso falso de vincular la pobreza con criminalidad. Trabajamos atendiendo la diversidad de las personas, sin proponer soluciones generales porque no las hay”.
No al chabolismo vertical
En esa búsqueda de respuestas, hay una alternativa que Higueras rechazó de lleno: el chabolismo en altura. “Si están pensando –advirtió– que la solución a la alarma social es desmantelar los asentamientos y realojarlos en altura en una serie de bloques donde trabajar sus habilidades sociales para que se integren en la sociedad, ahí no nos vamos a encontrar”.
Por el contrario sí apostó por la ampliación de los campamentos temporales, como el proyecto APOI, aunque condicionado a la existencia de “un trabajo previo y de una necesidad concreta que lo aconseje”.
Desconocimiento de la normativa
No es un problema nuevo, como recordó Higueras. Asentamientos conformados por gitanos de etnia rumana, existen en Madrid desde al menos 2003, fecha en la que están documentadas las primeras actuaciones del Samur Social en El Gallinero “asentamiento que perdura hoy en día a pesar de sus 26 años de gobierno”. Tampoco lo son las reclamaciones ciudadanas por la alteración de la vida urbana que produce su existencia. Higueras, a título de ejemplo, dio un dato: en el primer semestre de 2015, última etapa del gobierno del PP, se registró una media de entre 16 y 17 reclamaciones mensuales.
Higueras reprochó al PP su desconocimiento de una normativa que tiene la firma de su grupo. Se refería la instrucción de 2008 sobre la prevención y erradicación del chabolismo por la que se crearon grupos multidisciplinares de prevención; o el plan de actuación ante los asentamientos ilegales, de 2009, o el convenio de encomienda de gestión del Ayuntamiento y la agencia de vivienda social regional en asentamientos chabolistas y el realojo de su población, en el que se han invertido 1,4 millones de euros y en el que trabajan más de 30 personas. Tres ejemplos que evidencian la duplicidad de actuaciones que entraña la enmienda aprobada, duplicidad que entorpece el trabajo cotidiano que se está haciendo.
