El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vivido este lunes, 22 de diciembre, un intenso debate sobre las consecuencias de las políticas de movilidad de la capital. La propuesta presentada por el grupo municipal Vox, que solicitaba resarcir económicamente a los propietarios que se deshicieron de sus vehículos antiguos ante la amenaza de prohibiciones inminentes, ha sido rechazada por la mayoría de la cámara.
La formación liderada por Javier Ortega Smith solo contó con sus propios votos a favor, encontrándose con la oposición frontal de los grupos del Gobierno (PP) y de la izquierda (PSOE y Más Madrid). La controversia se remonta al pasado 11 de diciembre, cuando la Junta de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida aprobó por sorpresa una moratoria que permite a los turismos sin distintivo ambiental (etiqueta A) seguir circulando por la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esta decisión supone un giro respecto al calendario previsto originalmente en la ordenanza de Madrid 360. Desde Vox han calificado esta maniobra de «trilerismo político», denunciando que miles de ciudadanos tomaron la decisión irreversible de achatarrar sus coches bajo una «premisa falsa» de prohibición que finalmente ha sido aplazada.
Posiciones enfrentadas: ¿Derecho a indemnización o transición ayudada?
Durante la sesión, Javier Ortega Smith apeló a la Constitución para defender que los madrileños tienen derecho a ser compensados por las lesiones en sus bienes derivadas del funcionamiento de los servicios públicos. El portavoz insistió en que muchos vehículos que cumplían con la ITV y pagaban sus impuestos fueron destruidos por la presión normativa de un plan, Madrid 360, que actualmente se encuentra bajo revisión judicial tras una sentencia previa que anuló parcialmente la ordenanza.
Por el contrario, el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió la eficacia del modelo actual. Carabante argumentó que el Ayuntamiento ya ha destinado 111 millones de euros en ayudas directas para que familias y empresas realicen la transición hacia vehículos más limpios. Según el Gobierno municipal, la estrategia ha logrado conciliar la mejora de la calidad del aire con las necesidades sociales, rechazando que exista una responsabilidad patrimonial por parte de la administración.
Un escenario judicial pendiente
La resolución definitiva de este conflicto sigue vinculada a los tribunales. Mientras Vox exige la derogación total de Madrid 360 basándose en los fallos judiciales obtenidos hasta la fecha, el Ayuntamiento confía en que el Tribunal Supremo valide su recurso. Por el momento, la moratoria se mantiene, permitiendo dos años adicionales de circulación a los vehículos sin etiqueta, una medida que para la oposición municipal no compensa el impacto sufrido por quienes ya se desprendieron de sus antiguos automóviles.
Foto: Plataforma de Vehículos Afectados por la Movilidad.
