La Comunidad de Madrid tiene un gasto público autonómico muy por debajo del que le corresponde por su tamaño y su actividad económica (apenas un 10% del PIB), al comparar el porcentaje de gasto sobre el PIB con el del resto de comunidades autónomas. Por ello, desde CCOO Madrid exigen al Gobierno de Ayuso incrementar en 10.000 millones de euros los próximos Presupuestos de la Comunidad para 2026.
Así se refleja en el informe ‘Diagnóstico y perspectivas de CCOO de Madrid ante los presupuestos de la Comunidad de Madrid’, presentado este martes por la secretaria general del sindicato en la región, Paloma López, que ha incidido en que alcanzar la media de gasto sanitario en España implicaría invertir más de 5.409 millones de euros o más de 4.418 millones de euros para alcanzar el gasto educativo medio.
«Este gasto tan reducido tiene consecuencias graves para la ciudadanía, como que Madrid es la comunidad más rica de España y, sin embargo, la penúltima en gasto sanitario per cápita; 1.719 euros por persona frente a los 1.890 euros que dedican de media el resto de CC.AA. o la última en gasto por alumno; 4,744 euros en 2023, frente a los 6.345 euros de media del resto de comunidades», ha subrayado.
Apenas se dedica el 1% del PIB a actividades relacionadas con el modelo productivo, la mitad que en otras CCAA. «Es evidente que tenemos unos servicios públicos y una inversión pública insuficientes para las necesidades que tiene Madrid», ha expuesto.
«Fiscalidad insuficiente»
Para CCOO, el gobierno del PP «tiene herramientas suficientes para revertir esta situación. Tan sólo en bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, el año pasado se dejaron de ingresar casi 5.000 millones de euros».
«Tampoco tiene sentido que Madrid tenga uno de los IRPF más bajos para los salarios más altos cuando se concentran aquí la gran mayoría de directivos de empresas españolas o que se realicen deducciones en el IRPF (por gastos de escolarización privada, por inversiones financieras, por arrendar viviendas…) que benefician sólo a las rentas más altas o, como en el caso de las deducciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (por ejemplo, a empresas de gestión inmobiliaria) que incentivan la especulación financiera», añaden.
«También podría optar por acudir a la bonificación de la deuda y ahorrarse con ello 233 millones de euros al año (que es más de lo que se gastaba en protección social en la Renta Mínima de Inserción en 2019, antes que se desmantelara», han expuesto desde el sindicato de clase.
«Madrid privatizador»
La opción de tener un modelo social con poco peso del sector público autonómico y una fiscalidad baja «es un modelo de sociedad en beneficio de los ricos. No es casualidad que Madrid esté en cabeza, por ejemplo, del gasto sanitario privado o que sea la segunda en gasto concertado y privado educativo».
Este gasto se produce, «además, con una gran opacidad». En los presupuestos de 2024, el gasto concertado en Sanidad suponía el 12,1% del total, pero en realidad fue del 16,9% (casi 1.000 millones de euros más). «Como de costumbre, además, los sobrecostes de esta privatización repercuten en menores inversiones en otras partes del presupuesto (por ejemplo en vivienda o en protección social, donde existe una situación de auténtica emergencia social», argumentan.
«Impacto sobre las mujeres»
Además de que los presupuestos de Mujer «son bajos y languidecen, las políticas públicas de la Comunidad de Madrid tienen también un impacto regresivo sobre las mujeres: a) porque en general tienen menores ingresos y b) porque recaen sobre ellas, mayoritariamente, los servicios que la comunidad autónoma deja de prestar (cargas familiares etc.)».
