La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados (MENA) procedentes de Canarias, aprobado ayer en Consejo de Ministros, por «vulnerar de nuevo competencias autonómicas», tal y como ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Este recurso judicial se produce después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.
El primero fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 CCAA ante el Tribunal Constitucional por «invadir competencias exclusivas» en protección de menores y asistencia social, «falta de justificación de urgencia» y «utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas».
El segundo lo presentó el Gobierno regional en solitario el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias, y cuyo informe de la Abogacía General de la Comunidad ha sido remitido hoy al Consejo de Gobierno madrileño.
Al margen de los actuaciones judiciales, la Comunidad de Madrid «ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo arbitrario, opaco y discriminatorio».
