«Nuevo escándalo en torno a la vieja y polémica incineradora de Valdemingómez», denuncian desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). «En vez de proyectar su cierre, tal y como demandan desde hace décadas los colectivos vecinales y conservacionistas, el Ayuntamiento de Madrid ha camuflado una gran obra de rehabilitación de la planta de Las Lomas en su nueva propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato de concesión de servicios para tratamiento de residuos domésticos de la instalación», exponen.
Con ello «intenta que el contaminante horno de basura cumpla los actuales estándares medioambientales y de seguridad de la Unión Europea y pueda prolongar su vida, como mínimo, 15 años más. La obra costará a los bolsillos de los madrileños y madrileñas 105 millones de euros».
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha detectado esta «nueva y grave irregularidad» en su proceso de revisión de la nueva propuesta de estructura de costes y precios del contrato de la incineradora, con el fin de presentar un documento de alegaciones, algo que hizo ayer con el apoyo de la Mesa por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez, un espacio que comparte con la Plataforma Ecologista Madrileña.
El próximo viernes 11 de julio finaliza el periodo de información pública de la nueva propuesta municipal, «un proyecto que, supuestamente, recoge alguna de las alegaciones presentadas por la FRAVM ante la primera propuesta presentada en diciembre de 2024 por el Ayuntamiento». «Y decimos supuestamente porque así lo inferimos de algunos cambios existentes en la propuesta actual, ya que la Federación no ha recibido ningún escrito de respuesta a sus primeras alegaciones, que presentó el pasado mes de enero», añaden.
«¿Se imaginan que un ayuntamiento aprueba un contrato para realizar talleres en un centro cultural y en el mismo incluye las obras de rehabilitación del tejado del centro porque tiene goteras? No tiene ninguna lógica, ¿verdad?», subrayan. Pues eso mismo «es lo que pretende el Consistorio de Martínez-Almeida con el nuevo contrato de prestación de servicios de la incineradora de Valdemingómez en un nuevo ejercicio de opacidad y falta de transparencia respecto a la polémica instalación».
«Ni el título ni el contenido del documento que ha sacado a información pública el Ayuntamiento aluden a algo diferente a una prestación de servicios para el tratamiento de residuos mediante incineración», explican. Sin embargo, a diferencia de la versión anterior, el nuevo texto municipal incluye una partida de “inversiones” por valor de 7 millones de euros anuales que multiplicados por 15 años del contrato, suponen 105 millones de euros. Esta partida «estaba camuflada en la anterior versión y gracias a las alegaciones presentadas en enero por la FRAVM, el Ayuntamiento se ha visto obligado a sacarla a la luz«.
“¿Significa esto que el Ayuntamiento realizará cada año obras o inversiones de mejora por valor de 7 millones de euros? No, ni mucho menos. El Ayuntamiento va a realizar un encargo a un contratista que incluye las inversiones que el concesionario considere necesario ejecutar para alcanzar los objetivos contractuales, es decir, aparentemente se desentiende de una instalación que es de su propiedad, dejando en teoría al contratista la facultad de decidir qué obras se deben hacer para alcanzar los objetivos contractuales”, indica la FRAVM en su escrito de alegaciones.
De esta forma, el concesionario adelantará el coste de la obra y el Consistorio se la pagará a plazos. 105 millones en 15 años a los que hay que sumar los gastos de personal, que van a parte, una partida que sube casi un 37% respecto a la versión anterior de la propuesta municipal, la friolera de 3.910.319 euros.
Para la Federación Vecinal, detrás de esta inversión se encuentra la obligación que tiene el Ayuntamiento de “cumplir con las condiciones estipuladas en el documento de Mejores Técnicas Disponibles que estableció la Unión Europea en diciembre de 2019 y que con las instalaciones actuales no es posible cumplir”. Pero para ello «ha empleado un mecanismo absolutamente irregular».
“No sabemos en qué grado de escándalo situar el que el Ayuntamiento de Madrid, en vez de parar una vieja incineradora que incumple la normativa europea y sacar un contrato específico de rehabilitación de la planta o directamente cerrarla, opte por esperar para hacer las obras, con el riesgo que eso supone, y las camufle en un contrato de prestación de servicios que, a todas luces, no tiene por objeto la rehabilitación de una planta industrial, sino el tratamiento de RSU mediante incineración”, señala la FRAVM, antes de exigir que “la estructura de costes no incluya ningún gasto en inversiones, para que la naturaleza del contrato no se desvirtúe”. En definitiva, «si el Ayuntamiento tiene que rehabilitar la Incineradora de Valdemingómez, debería sacar un contrato específico para ese propósito».
Por otro lado, «en estas condiciones, no se justifica un contrato de 15 años, como propone el Consistorio». De hecho, la FRAVM rechaza “que las administraciones firmen contratos que excedan la duración de su mandato, ya que esto compromete la autonomía y la acción de gobierno de quienes les sucedan”. El nuevo contrato de la incineradora, «por tanto, no debería prolongarse más allá de 2027, aunque la Mesa por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez lleva años reclamando la clausura de la instalación antes de que finalice este año 2025″.
La incineradora funciona con una Autorización Ambiental Integrada caducada
Otra de las «graves irregularidades» que rodean la planta de Las Lomas tiene que ver con su Autorización Ambiental Integrada (AAI). Tal y como se subraya en el documento de alegaciones vecinales, “nos parece un escándalo que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid permitan que la Incineradora de Valdemingómez esté fuera de normativa desde hace cinco años y siete meses y con la AAI caducada desde diciembre de 2023, poniendo en peligro nuestra salud al mantenerla en funcionamiento las 24 horas del día”.
Todo apunta a que este es “el motivo que está tras la revisión de precios para asumir posibles inversiones encubiertas”, sugiere la FRAVM. En cualquier caso, “consideramos inaceptable que se licite un nuevo contrato para la incineradora mientras su AAI esté caducada. Creemos firmemente que todos los esfuerzos deberían centrarse en resolver esta grave irregularidad, que nos genera una profunda preocupación”.
En su escrito de alegaciones, la Federación Vecinal también llama la atención sobre otras cuestiones como la «falta de claridad» de algunos apartados de la propuesta municipal y el «sobrecoste de un 11,96% respecto al proyecto inicial». Y, una vez más, subraya «la peligrosidad de un sistema como el de la incineración de residuos, que el Ayuntamiento debería abandonar cuanto antes para preservar la salud de la población y el medio ambiente, siguiendo el camino trazado por Europa hacia la economía circular y el residuo cero».
