Ante las «nuevas irregularidades detectadas en el funcionamiento de la vieja y contaminante» incineradora de Valdemingómez, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha registrado esta mañana un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que solicita su intervención para que cese su actividad «hasta que aquellas no se resuelvan».
«Una vez más, lo que está en juego no es otra cosa que la salud de la población, en especial de aquella que reside a menos de 10 kilómetros de la incineradora, la más expuesta a sus emisiones tóxicas», subrayan. La Federación Vecinal ha pedido el amparo de Ángel Gabilondo por el retraso en la aplicación de las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) de la incineración de residuos que desde diciembre de 2023 exige la Unión Europea.
«Existen evidencias de que la incineradora de Valdemingómez no ha adaptado plenamente sus instalaciones ni sus procedimientos a los valores límite de emisión ni a las condiciones operativas exigidas» por una norma clave, la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2010 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la incineración de residuos.
Este hecho supone «una vulneración los principios de prevención y de cautela, así como del derecho de los ciudadanos a la protección de su salud y de un medio ambiente sano, conforme al artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». La FRAVM exige «una actuación inmediata por parte de las instituciones competentes de la UE, de España y Madrid para garantizar la aplicación uniforme de la normativa europea y prevenir un posible caso de infracción sistemática y continuada de la legislación ambiental comunitaria y española por parte de las autoridades madrileñas».
En su escrito, la Federación Vecinal señala hasta nueve irregularidades que justificarían el cierre inmediato de la planta de Las Lomas. La primera y «más grave» es que año y medio después del límite establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2016, la Comunidad de Madrid no ha emitido aún una Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la incineradora basada en la Decisión de Ejecución de la UE citada.
El Gobierno regional publicó en el BOCM del 5 de marzo de 2024, cuatro meses después del vencimiento del plazo oficial de revisión de la AAI, un anuncio para someter a información pública la documentación de esta revisión, un retraso que la FRAVM denunció en sus alegaciones y, pensamos, fue clave para que la revisión de la AAI no prosperara.
A día de hoy la incineradora sigue funcionando con una AAI caducada. Pero además, en la documentación que la Comunidad de Madrid hizo pública durante el proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada «hay datos que señalan que la instalación no ha incorporado las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) que impone la UE, como un Sistema de Gestión Ambiental adecuado, que incluye un también inexistente Plan de Gestión de Accidentes».
Además, la planta incumpliría el Reglamento de Emisiones Industriales, pues en esa documentación «no se incluyó la comparación del resultado de las emisiones con los niveles de emisión asociados» a las MTD ni «se documentaban todas las características de la monitorización en continuo de la emisión de dioxinas, furanos y PCB similares», tal y como establecen las MTD.
Otras «irregularidades» tienen que ver con la falta de un Certificado de Eficiencia Energética reglamentario en la revisión de la AAI, y con el hecho de que la incineradora de Valdemingómez funcionó casi dos años sin contrato con el beneplácito del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, tal y como denunció en diversas ocasiones la FRAVM.
Diversos estudios científicos han corroborado la «peligrosidad de la vieja incineradora para la salud de la población y el medio ambiente», pero «aún así, el Ayuntamiento planea prolongar su vida 15 años más, para beneficio de las empresas concesionarias». Tal y como la FRAVM ha trasladado al Defensor del Pueblo, «todo lo relativo a la Incineradora de la Planta de Las Lomas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez disfruta de un tratamiento oficial privilegiado o favorable para las empresas que la explotan, en detrimento de la protección de la seguridad de las personas que viven en el entorno de la Incineradora y del medio ambiente».
Para exigir el cierre de la instalación en 2025, tal y como se comprometió el Ayuntamiento de Madrid al término del Gobierno de Manuela Carmena, desde el pasado mes de enero los colectivos vecinales y ecologistas han organizado tres movilizaciones en la calle y otras acciones de protesta y sensibilización.
