La Comunidad de Madrid va a destinar cerca de 59 millones de euros a la creación de 81 unidades de convivencia reducidas en residencias de mayores y de personas con discapacidad de titularidad pública, con el fin reproducir la estructura y el funcionamiento de un hogar. Estas nuevas zonas tendrán un máximo de 25 plazas y contarán con diferentes estancias comunes, como comedor, sala de estar y cocina, entre otras.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado hoy las obras de la Residencia Madrid Sur en Puente de Vallecas, uno de los centros que ofrecerá este recurso donde, además, se trabaja en una renovada zona de rehabilitación para terapia ocupacional y fisioterapia, una unidad de enfermería y en la ampliación del espacio del centro de atención diurna.
El objetivo de esta iniciativa es, según ha explicado la consejera, “crear espacios confortables para que nuestros residentes se encuentren como en casa”. Por ello, a la inversión ya anunciada se suman otros 2,5 millones de euros destinados a proyectos de decoración y renovación de mobiliario en estas unidades en las residencias de Madrid Sur, Usera y Peñuelas.
Los 81 recursos, reformados con fondos europeos, se ubican en varias instalaciones de la Agencia Madrileña de Atención Social. Concretamente, en la Residencia Navalcarnero y en la capital en la de Manoteras, la de Doctor González Bueno, la Isabel de Castilla para jóvenes ex tutelados con discapacidad y en la de Fray Bernardino. Esta última se convertirá en el primer complejo residencial público para personas con discapacidad intelectual en fase de envejecimiento prematuro.
También se está trabajando en la reforma de las residencias de mayores de gestión indirecta de Madrid Sur, Usera, Peñuelas, Parque de los Frailes, Parque Coímbra y Plata y Castañar.
Nueva orden para mejorar la calidad de los centros
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales aprobó en noviembre de 2024 una nueva orden de acreditación para mejorar los requisitos de calidad que deben reunir los centros y servicios de atención social para formar parte de la red pública. Los ya acreditados tendrán un plazo de dos años para ajustarse a los nuevos estándares.
Las nuevas residencias de mayores que se construyan en la región dispondrán de una capacidad máxima de 150 plazas y las destinadas a personas con discapacidad, un máximo de 50. Además, al menos la mitad de sus habitaciones tendrán que ser individuales, y el resto para no más de dos personas. La atención será personalizada, con la asignación de un profesional de referencia de atención directa para cada usuario.
