El Grupo Municipal Más Madrid ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid y a la Agencia de Actividades local por la «inacción» del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida con los pisos turísticos ilegales de la ciudad, incurriendo en su juicio en un presunto delito de prevaricación.
Así lo ha indicado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, criticando la «inacción» del alcalde en la inspección y clausura de los pisos turísticos ilegales. «A pesar de tener conocimiento de la proliferación de los pisos turísticos ilegales, Almeida ha demostrado una falta de voluntad absoluta para abordar este problema, que sigue creciendo sin control. Hay más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid y el problema sigue creciendo sin control, como puso de manifiesto hace unos días el Ministerio de Consumo al enviar la información detallada de las VUT ilegales al Ayuntamiento», subraya Maestre. “Y la inacción del alcalde Almeida no es simple pasividad, es consentimiento deliberado de la ilegalidad y por eso lo denunciamos ante la Fiscalía”.
Para la formación que lidera la oposición municipal, «la vivienda es una prioridad, esta es la legislatura de la vivienda». Y Más Madrid «defiende este derecho constitucional con constantes propuestas como la ampliación del parque público de vivienda (nuestra alternativa a la operación Campamento), los contratos de alquiler indefinido, la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres o un control más estricto de las viviendas de uso turístico».
«A pesar de tener conocimiento de la proliferación sin control alguno de las VUT ilegales, el Ayuntamiento de Almeida ha demostrado una falta de voluntad absoluta para abordar este problema, que genera una situación insostenible que está expulsando de sus viviendas y de los barrios a las vecinas y vecinos», ha subrayado. Un problema que «impide el descanso y la vida normal de la gente, que contribuye al alza imparable del precio de la vivienda y propicia una situación de agravio comparativo para los propietarios que cumplen con la normativa vigente».
Denuncia ante la Fiscalía de Madrid
La denuncia ante la Fiscalía de Madrid se fundamenta en el artículo 320 del Código Penal: “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio” podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.
En concreto, el artículo completo establece que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses”.
«Almeida no puede argumentar que el problema es nuevo, ya que cuando llegó a la Alcaldía metió nuestro plan de hospedaje en un cajón, negándose a aplicarlo hasta que decidió inventarse el Plan Expulsa, que sirve en bandeja la ciudad a los fondos buitre y es un plan sin límites para las viviendas turísticas ilegales», ha incidido Maestre.
«Almeida sigue gobernando para los fondos buitre»
En junio de 2024, la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) presentó una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Madrid por la existencia de 10.134 viviendas de uso turístico que ejercían la actividad sin disponer de las licencias municipales. Dichas viviendas figuraban inscritas en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid, por lo que no solo se identificaba su localización, sino también al responsable de su funcionamiento.
«¿Y qué ha hecho Almeida con esta información?, nada. Durante todo 2024 la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, responsable de la inspección y de la disciplina urbanística de este tipo de alojamientos, tan solo inspeccionó 623, pese a tener completo conocimiento de ellos», ha añadido la portavoz municipal de Más Madrid.
El Gobierno del PP «ha ido guardando en un cajón durante años los expedientes de cese de actividad y clausura, ha desguazado el equipo de inspección, no aplica la normativa municipal ni impone las multas que establecen la Ley del Suelo y la Ley de Capitalidad, se niega a exigir a las plataformas turísticas que retiren la publicidad de esos alojamientos ilegales. Almeida sabe dónde están los pisos turísticos ilegales. Los tiene perfectamente localizados».
Ante la «insistente inacción» de Almeida, el pasado 24 de marzo el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo envió al Ayuntamiento de Madrid un archivo de más de 15.000 pisos turísticos ilegales, con su correspondiente dirección postal, «para que Almeida haga su trabajo y los cierre». Dos días después, el 26 de marzo, Rita Maestre envió un requerimiento al alcalde Almeida para que “actúe y aplique” el Reglamento del Parlamento Europeo relativo a un mercado único de servicios digitales y la Ordenanza de Consumo de la ciudad “para acabar con los pisos turísticos ilegales en la ciudad”.
«Ninguna de estas iniciativas ha tenido respuesta favorable por parte de Almeida, que sigue empeñado en gobernar para los fondos buitre. Pero Almeida no puede estar por encima de la ley y es el momento de que la Fiscalía actúe», exgrime Rita Maestre.
Ante esta situación, el Grupo Municipal de Más Madrid ha decidido interponer denuncia ante la Fiscalía contra los responsables del Ayuntamiento de Madrid debido a «la falta de inspección y control de los alojamientos turísticos, pese a las numerosas denuncias ciudadanas, las evidencias de incumplimiento de la normativa y los requerimientos realizados desde los partidos de la oposición».
«La actitud absolutamente pasiva del Consistorio no solo supone la renuncia consciente al ejercicio inexcusable de una potestad pública, sino que genera efectos perniciosos para el descanso y tranquilidad de miles de vecinos y vecinas y un impacto determinante en los precios de la vivienda, ello sin perjuicio del trato desigual que conlleva para los propietarios que no operan al margen de la Ley», ha destacado.
Desde Más Madrid «reclamamos una investigación exhaustiva sobre la inacción del Ayuntamiento de Madrid y que se tomen medidas inmediatas para garantizar que los derechos de los madrileños y madrileñas se defienden frente a los intereses de los grandes operadores económicos».
