Convocada una manifestación este jueves por una «solución habitacional» para los afectados por la venta de sus casas a fondos buitres en Madrid

Gacetín Madrid

El movimiento Hábitat 24, conformado por 40 organizaciones de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales de la Comunidad de Madrid, han convocado junto a los sindicatos UGT y CCOO una manifestación este jueves, 20 de marzo, por la vivienda pública para exigir una “solución habitacional ya” para las familias que han sido afectadas por la venta de sus casas a los fondos buitres en la Comunidad de Madrid y en el municipio de Madrid.

Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid y Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, intervendrán en la concentración ante el Ayuntamiento de Madrid, concretamente en la calle de Montalbán, en la zona peatonal, a las 18:00 horas.

«Esta venta masiva e indebida de inmuebles a fondos buitres, ha creado una crisis habitacional que afecta a miles de familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Ha generado el aumento abusivo de los precios de los alquileres, expulsiones de inquilinos y desahucios, dejando a millas de familias a los pies de los caballos frente a fondos de inversión, que han triplicado el precio de los alquileres y el precio de los inmuebles adquiridos y que originan una situación de desamparo que la administración no está atendiendo», denuncian los convocantes.

Un «claro ejemplo» de esta situación de «especulación aberrante» fue la venta de 1.860 viviendas protegidas por el Ayuntamiento de Madrid a Blackstone en 2013 que «posteriormente triplicaron su valor y dejaron a muchas familias en situaciones precarias y sin solución habitacional». «Fondos especulativos que aprovechan la escasez de vivienda y las políticas desreguladas para maximizar su rentabilidad, lo que incrementa la crisis habitacional que nuestro Ayuntamiento ha creado con la venta ilegal del parque de vivienda protegida en Madrid», subrayan.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido claramente que los Estados tienen la obligación de garantizar viviendas alternativas antes de ejecutar un desalojo, especialmente para grupos vulnerables, como mujeres, menores, personas mayores y personas con discapacidad, «en este caso la Comunidad de Madrid que es quien tiene las competencias en vivienda, y el Ayuntamiento de Madrid, máxime cuando han sido ellos los que han propiciado esta grave especulación y el enriquecimiento de unos pocos, con el sufrimiento de millas de familias».

UGT y CCOO «exigimos al ayuntamiento de Madrid más vivienda pública, atención y reconocimiento a las familias afectadas por la venta de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid y solución habitacional para todas aquellas que lo necesiten».

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