Una quincena de asociaciones de familias, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales han anunciado la convocatoria de una manifestación en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para exigir a la presidenta Isabel Diaz Ayuso que las 40 residencias anunciadas durante el Debate del Estado de la Región mediante “colaboración público-privada” que sean «100% públicas de gestión directa y con la participación de residentes, familiares y personas trabajadoras».
Las organizaciones Amnistía Internacional Madrid, AV Puerto Chico Aluche, CCOO Madrid, Coorpenmadrid COESPE, Ecologistas en Acción, FRAVM, Izquierda Unida Madrid, Marea Residencias, Mas Madrid, Podemos C.M, Mayores en Acción, Pladigmare, PSOE Madrid, Mats, UGT Madrid, Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Madrid, VV.BB. PP. Madrid y 7291 Verdad y Justicia, piden, igualmente, que se distribuyan territorialmente en función de las necesidades de la población y se adapten a los criterios de acreditación.
Además de la concentración, que tendrá lugar el próximo miércoles, 19 de marzo. a las 11:30 horas, las organizaciones han acordado elaborar una moción que se presentará en los plenos de distintos Ayuntamientos en la que se recogen las demandas de estos colectivos e instan a la Comunidad de Madrid a que las cumpla.
El proyecto prevé una inversión de casi 500 millones de euros en una operación calificada por Ayuso de “colaboración público-privada” y que desde las Asociaciones de familiares se ve como «una posible maniobra para la privatización de un servicio elemental que acabe en manos de fondos buitres como viene ocurriendo últimamente en distintos sectores».
Para evitar que «se den situaciones como éstas» es por lo que las familias exigen también, que las residencias que en la actualidad son concertadas pasen a ser de gestión totalmente pública. Como muestra de esa combinación público-privada las familias recuerdan que durante la primera ola de la pandemia «fueron estos centros concertados donde se registraron un mayor número de fallecimientos».
“La mortalidad en los 18 centros de gestión indirecta fue de un 21,9% entre marzo y abril de 2020, mientras que en los de titularidad y gestión pública fue del 7,4%”, según el informe elaborado por la epidemióloga Victoria Zunzunegui.
Por su parte los sindicatos consideran imprescindible que para la gestión de estas residencias que quiere sacar adelante el Gobierno regional se cuente con unas ratios de personal suficientes y adecuadas. El estudio realizado por UGT Madrid, CCOO Madrid, Pladigmare y la SEGG, revela que «la falta de personal en las residencias de la región coloca a las personas usuarias y al personal de las mismas en una situación crítica, que cuestiona el actual modelo».
Además, «es de vital importancia mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, ya que actualmente hay una clara fuga de talento y profesionalidad provocando una falta de personal en el sector de dependencia que afecta directamente a la atención de las personas mayores de nuestra región. La creación de estas 40 residencias 100% públicas de gestión directa, ayudaría a paliar esta lamentable situación, ya que actualmente tan solo el 6,72% de las plazas existentes en la Comunidad de Madrid son públicas y de hacerse realidad nuestra propuesta se duplicaría este número, llegando a más de 12000 plazas de gestión directa».
«Ante la maniobra del Gobierno regional de pedir a las alcaldesas y alcaldes la cesión de suelo público para la construcción de esos centros, los grupos políticos se han comprometido a presentar en los respectivos Ayuntamientos de la región sendas mociones por las que se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la elaboración de un estudio en el que se vean las necesidades de población para la ubicación de estas residencias», subrayan los convocantes.
Consideran que «sería oportuno suspender el proyecto anunciado y llevar a cabo los trámites oportunos para constituir una comisión técnica que estaría formada por representantes del Gobierno regional, de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, así como por asociaciones de familias y sindicatos representativos del sector».
