Una urbanización de alto standing del madrileño PAU de Carabanchel ha sido objeto de una macro-okupación por parte de decenas de familias de origen peruano, que habrían «comprado» supuestamente dichos pisos a una mafia que los habría señalado previamente.
Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el pasado mes de diciembre, antes de las navidades, una mafia habría localizado y señalado una treintena de pisos aún sin estrenar, pendientes de entrega, de una promoción de viviendas de lujo en el número 6 de la calle Excelente, en la zona de expansión del distrito de Carabanchel.
Posteriormente, las habrían «vendido» de forma totalmente ilegal por entre 2.000 y 3.000 euros cada una a decenas de familias de origen peruano, a las que se las habrían ofrecido semanas atrás mientras hacían cola a las puertas de un comedor social de una iglesia del barrio.
Estas familias finalmente se trasladaron de forma masiva durante el Puente de la Inmaculada (del 5 al 9 de diciembre) a la urbanización con furgonetas de mudanza, cambiando las cerraduras, ante el asombro de vecinos residentes de forma legítima y legal en otros de los pisos ya entregados, por los que pagan entre 800 y 1.500 euros al mes.
Al parecer, estos ilegales contarían con su propio conserje en la finca, que les abriría desde el interior para facilitar su entrada. Los vecinos legítimos y legales denuncian graves problemas de convivencia, mudanzas y ruidos por las noches, peleas entre los «okupas» e incluso la presencia de pandilleros, miembros de bandas juveniles violentas.
Con todo ello, la promotora que alquila los pisos legítimamente ha colocado alarmas y ha contratado a una empresa de «desokupación», cuyos miembros fueron increpados y agredidos cuando intentaron comunicarse con los ilegales.
Los vecinos se plantean abandonar sus residencias e irse a vivir a otro lugar, y critican la «falta de respuesta» de la promotora, que les habría bajado 100 euros mensuales los alquileres. Aunque ya se han tramitado múltiples denuncias por lo ocurrido, aún no se han practicado ni detenciones ni desalojos.
