El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de una subvención por valor de 8.375.000 € a la Comunidad de Madrid para los realojos de la Cañada Real, en virtud del protocolo de actuación suscrito el pasado abril que permitirá el realojo de más de 1.600 personas.
Esta subvención se concede por razones de interés público, social y económico que deben atenderse de manera urgente, lo que no posibilita su convocatoria pública, al deber asignarse además la subvención a la entidad competente. De esta manera, la ayuda coadyuva a la solución del problema económico y social que existe en la Cañada Real Galiana, especialmente, da solución habitacional a las familias especialmente vulnerables que allí residen, existiendo un palmario interés público, social y económico en solventar la situación existente.
En el año 2023 el Ministerio ya concedió una ayuda por el mismo importe. Por tanto, en total, el Gobierno de España ya ha ejecutado ayudas por valor de
16.750.000 €.
Contexto histórico de la Cañada Real Galiana
La Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, desafectó la antigua vía pecuaria, a su paso por los términos municipales de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, pasando su territorio a ser un bien patrimonial de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, el 18 de febrero de 2016 el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a redactar un Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que debía contemplar todas las sensibilidades sociales y vecinales con la adhesión de los ayuntamientos implicados y la Delegación de Gobierno.
El 17 de mayo de 2017 se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que supone un compromiso político de la Comunidad de Madrid, de los Ayuntamientos afectados y de la Delegación del Gobierno para compartir la voluntad de adoptar las medidas necesarias en orden a mejorar las condiciones sociales de la población asentada en este territorio.
El 25 de noviembre de 2021, en reunión celebrada por las Administraciones implicadas, se adopta la decisión de proponer el impulso de la política de realojos de manera inmediata con el apoyo de fondos económicos extraordinarios por parte de la entonces Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se sumaran a los ya destinados por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Posteriormente, por protocolo general de actuación, firmado el 15 de abril de 2024, se crea la Comisión de Realojos para la gestión de los fondos aportados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En dicho Protocolo General de Actuación se manifiesta la voluntad conjunta de las Administraciones firmantes de colaborar para el impulso y realización de las actuaciones necesarias en orden a la puesta marcha de un Plan Extraordinario de Realojos de Cañada Real 2024-2034, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Objeto del protocolo y de la contribución económica firmado en abril de 2024
El objeto del protocolo es manifestar la voluntad conjunta de las Administraciones firmantes de colaborar para el impulso y realización de las actuaciones necesarias en orden a la puesta marcha de un Plan Extraordinario de Realojos en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del convenio que lo desarrolle.
Las partes expresan su intención de proponer una contribución económica extraordinaria para la mejora de las personas que habitan en la Cañada Real en situaciones de vulnerabilidad social, a través de un Plan Extraordinario de Realojos 2024-2034, en cuya propuesta se considerarán las aportaciones ya realizadas por las administraciones.
Siguientes pasos: realojamiento e integración
El objeto de la contribución económica extraordinaria sería atender a la preparación social y posterior realojamiento e integración de todas las familias que cumplan las condiciones que se requieran para el acceso a una vivienda. También, la necesaria actualización del Estudio Social de Cañada realizado por la Agencia de Vivienda Social en el 2016, para poder realizar una adecuada estrategia de actuación con información más actualizada de las familias residentes en la Cañada Real Galiana; estimándose que puedan resultar necesarios un máximo de 1.631 procesos de realojo, sin perjuicio de los ya realizados o en curso.
Podría ser también objeto de dicha contribución el derribo de chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales existentes, así como las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de reurbanización y regeneración urbana que, en su caso, se estimaran procedentes.
Coste del proceso y reparto entre administraciones
El proceso de realojo incluiría la adquisición de viviendas, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos necesarios y directamente relacionados con estos. Su coste y reparto entre las administraciones intervinientes se determinará en el convenio que se desarrolle, estimándose inicialmente, sin que el protocolo suscrito el pasado abril se constituya en modo alguno como compromiso directo de gasto, en 330 millones de euros a razón de 110 millones de euros por cada uno de los tres niveles de administración actuantes y en proporción al número de familias realojadas en cada municipio.
Se estima que el proceso de realojo contemplado en el protocolo pueda suponer un plazo de entre 8 y 10 años, sujeto a las prórrogas y modificaciones necesarias.
Real Decreto de concesión directa de subvenciones en materia de vivienda y agenda urbana
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de Vivienda y Agenda Urbana para el ejercicio presupuestario del año 2024. En total, se conceden 25 ayudas por importe de 46.646.660 €, de las que 29.899.120 € están destinadas a la construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) del Gobierno de España.
En concreto, las ayudas que otorga el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) se destinan en cuatro grupos: ayudas en materia de vivienda, en materia de políticas urbanas, en materia de arquitectura y en materia de normativa, innovación y sostenibilidad de la construcción.
Estas subvenciones se conceden por razones de interés público, social y económico que deben atenderse de manera urgente a entidades que desarrollan actividades relacionadas con la vivienda y la agenda urbana. De manera que se garantice el mantenimiento de las actividades y fomentar el desarrollo y construcción de vivienda en alquiler asequible, fomento de la arquitectura de calidad, en línea con la Agenda Urbana Española o continuar el impulso de la innovación y la sostenibilidad de la construcción, principalmente.
