La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, en sentencia de 17 de septiembre de 2024, ha anulado diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Madrid.
La sentencia anula concretamente aquellas partes de la Ordenanza por las que se definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid; y las que establecen las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de “Distrito Centro” y “Plaza Elíptica”, dejando subsistentes todo el resto del articulado, incluso aquellos artículos que, con carácter general o por mera referencia, se refieran a las ZBE y ZBEDPE que puedan establecerse en un futuro.
Desde la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) recuerdan que ya solicitaron el pasado mes de agosto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la aprobación de una moratoria, de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, prevista en la Disposición transitoria primera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018, para el próximo 1 de enero, ya que de entrar en vigor la medida, a partir del próximo 1 de enero dos de cada tres vehículos que componen el parque madrileño quedaría inhabilitado para circular por la capital.
AEA formuló esta solicitud «con los mismos argumentos que ahora el TSJM ha utilizado para anular las zonas de bajas emisiones y es que al aprobar la ordenanza de movilidad no se tuvo en cuenta la verdadera dimensión económica y social de la medida y por ello no cumplía con el principio de proporcionalidad al que debe vincularse la actividad administrativa restrictiva de derechos».
Según denunció AEA ante el alcalde «se iba a originar un grave problema económico y social a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos sin etiqueta -según las estimaciones realizadas por esta organización de defensa de los automovilistas la cifra podría alcanzar a más de un millón de ciudadanos-, cuyos vehículos cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid (cerca de 32 millones de euros), pero que a partir del próximo 1 de enero no podrá circular, ni siquiera permanecer estacionados, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros».
AEA va a pedir la «inmediata paralización de la tramitación de multas y la devolución de lo cobrado». Si bien la sentencia no es firme, AEA espera que el Ayuntamiento «no la recurra por cuanto esta muy bien motivada a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y del propio Tribunal Supremo de España, por lo que va a solicitar que con carácter urgente se paralice la tramitación de todas las multas impuestas por acceder a las ZBE y la devolución de las cobradas». AEA estima que en este caso se encuentra más de 1.760.000 multas, por un valor económico de más de 330 millones de euros.
