La Asamblea Menos Lectivas y los sindicatos CGT, STEM y CNT Comarcal Madrid Sur van a la huelga en la Educación Pública madrileña no universitaria los días 27, 28 y 29 de febrero para exigir la reducción del horario lectivo para los docentes.
Los convocantes han programado además diversos actos reivindicativos como una manifestación este martes con salida a las 18:00 horas y recorrido Neptuno – Cibeles – Puerta del Sol y una concentración en la Puerta del Sol a la misma hora. También habrá piquetes informativos y caceroladas en los centros a la hora de entrada así como diferentes acciones paralelas como un reparto de ‘churros por la pública’ el martes 27 o una paella solidaria el jueves 29.
Aunque en el primer anuncio de huelga en diciembre también se indicó la participación de UGT, este sindicato no aparece en la convocatoria final. Ya en diciembre se entregaron 14.000 firmas de docentes en el Registro General de la Comunidad de Madrid para exigir al Gobierno de Ayuso la reducción del horario lectivo no universitario.
Las organizaciones convocantes señalaban entonces que en Madrid «ya vamos tarde». «Dejaremos un margen razonable para la negociación, pero sin un compromiso firme por parte de la Consejería de volver a los 18/23 periodos lectivos desde el inicio del próximo curso, y sin la aprobación de los correspondientes cupos de profesorado necesarios para atender adecuadamente al alumnado, a finales de febrero, habrá huelga», que finalmente ha sido convocada en firme.
La Asamblea Menos Lectivas y los sindicatos CGT, STEM y CNT Comarcal Madrid Sur critican que la Comunidad de Madrid es «la única de todo el Estado que no ha vuelto a las 18 horas lectivas» en Secundaria, FP y Régimen Especial, mientras que en Educación Primaria e Infantil «se mantienen en 25 mientras el resto de comunidades han reducido el horario lectivo a 23».
«Medidas en dirección opuesta»
Los convocantes denuncian además que la Comunidad de Madrid «sigue aplicando medidas en la dirección opuesta a la mejora del servicio público educativo, como hemos comprobado con la reciente aprobación de la subida de ratios en las aulas TEA y la desregulación del trabajo de los profesionales a cargo de la atención al alumnado con autismo».
En general, el déficit de profesionales de atención a la diversidad «es insostenible, y afecta a todo el profesorado, que ve cómo su alumnado con necesidades educativas especiales carece de los apoyos necesarios para una inclusión efectiva». Recuerdan que «estamos muy por encima de la recomendación de la UNESCO de que la población escolar asignada a cada orientador u orientadora no supere los 250 alumnos. En Madrid, esta ratio llega a cuadruplicarse en muchas zonas».
En el contexto actual de descenso de la natalidad, «brillan por su ausencia medidas específicas para proteger la educación pública. Se permite la masificación y la normalización de las aulas prefabricadas en determinados centros, así como el incumplimiento sistemático de la bajada de ratios, mientras en otros centros no se admite una flexibilización de las ratios de referencia “a la baja” que evite el cierre de aulas».
El incremento en la concertación de plazas en centros privados «supone una dejación de funciones por parte de la Administración, pues corresponde a la administración garantizar el derecho a la escolarización en centros públicos, en cada pueblo y en cada barrio». Sin embargo, aún en «un contexto de baja natalidad, seguimos encontrando barrios y municipios con demanda de plazas públicas y sin colegios o institutos públicos suficientes para atender esa demanda».
La situación de la FP es «especialmente preocupante, al rechazarse sistemáticamente miles y miles de solicitudes para cursar ciclos formativos en centros públicos. Mientras, se permite el cobro de cuotas por la realización de prácticas en empresas, que sólo pueden pagar los centros privados (muchos de ellos financiados con fondos públicos) mientras los tutores de prácticas de centros públicos cada vez tienen más difícil encontrar empresas que acojan a su alumnado, especialmente en la rama sanitaria».
A todo esto se suma «la precariedad en las condiciones materiales de trabajo del profesorado madrileño con respecto a los de la mayoría de Comunidades Autónomas, que se concreta claramente en el mantenimiento de unas jornadas de atención directa al alumnado excesivas desde el curso 2011/2012».
Desde el pasado mes de abril, los sindicatos convocantes «estamos trabajando en coordinación con asambleas de docentes de centros educativos públicos de nuestra región, y convocando asambleas abiertas al profesorado, para articular una amplia movilización en torno a la reivindicación de la vuelta a las jornadas de atención directa al alumnado previas a los recortes aplicados en el curso 2011/2012 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y generalizados a nivel estatal por medio del Real Decreto 14/2012 de 20 de abril, del ministro José Ignacio Wert».
Esta medida supuso el despido de miles de docentes interinos y una sobrecarga de trabajo en los centros que «en Madrid seguimos arrastrando 12 años después, y la necesidad de revertirla ha sido el hilo conductor que nos ha convencido de la necesidad de anunciar la huelga». La jornada laboral de los docentes se cuantifica en 37,5 horas semanales. De estas, 7,5 corresponden a la estimación del tiempo de trabajo en casa. En Infantil y Primaria hay 30 horas semanales de obligada permanencia en el centro. En Secundaria hablaríamos de 30 periodos de 55 minutos computando 27,5 horas semanales de permanencia. Las 2,5 horas semanales de permanencia restantes (denominadas horario “irregular”) se computan trimestralmente y se reparten en Claustros, evaluaciones, reuniones con familias en horario vespertino, etc.
Para el profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial el horario de permanencia semanal se desglosaba hasta 2011 en 18 periodos semanales lectivos (de atención directa al alumnado) y una media de 12 dedicados a otras funciones, principalmente reuniones y tareas de tipo burocrático. En Infantil y Primaria, las horas lectivas semanales eran 23, dedicándose las 7 restantes a otras funciones.
Desde que la Ley 4/2019 de 7 de marzo dejara sin efecto el citado Real Decreto del Ministro Wert, todas las Comunidades Autónomas excepto Madrid «están volviendo gradualmente a la situación previa, y en cinco de ellas ya se ha completado la reducción en todas las etapas», exponen. Mientras, «las 20 ó 21 horas lectivas semanales que seguimos soportando en Madrid en Secundaria, FP y Régimen Especial y las 25 de Infantil y Primaria, suponen un agravio respecto a otros territorios e implican atender a más alumnos durante más tiempo, lo que genera a su vez una sobrecarga de trabajo en forma de incremento del tiempo de dedicación a la programación de la atención individualizada, y también de más correcciones, informes, tutorías, etc., todo esto unido a la reducción del tiempo para realizar estas tareas en el propio centro».
El profesorado madrileño, inciden, «quiere ofrecer un trabajo de máxima calidad a su alumnado, y por eso es imprescindible que disponga del tiempo necesario para realizar esas tareas invisibles, pero no menos importantes que las propias clases». En estos momentos, se negocia el próximo Acuerdo Sectorial, y de los primeros contactos entre los sindicatos con representación y la Consejería «sólo se desprende una vaga disposición del Gobierno regional a aplicar una reducción gradual en Secundaria, FP y Régimen Especial. Y respecto a Infantil y Primaria, ni siquiera se vislumbra la posibilidad de una reducción».
Aparte de la reducción de las jornadas lectivas, «no olvidamos otros problemas que es urgente abordar ya»:
– Medidas concretas y efectivas para reducir unas tareas burocráticas que en los últimos años han crecido de forma totalmente injustificada, muchas de las cuales son percibidas por el profesorado como absolutamente improductivas.
– Incremento lineal de retribuciones. Sería inadmisible afrontar el inicio del curso 2024/2025 sin un incremento salarial que nos sitúe por encima de la media de retribuciones respecto al resto de Comunidades Autónomas, más teniendo en cuenta el coste de la vida en la Comunidad de Madrid, especialmente en lo relativo al precio de la vivienda.
