Ante el tercer retraso en la finalización del instituto María Goyri Goyri y el hartazgo de las familias afectadas por «el ninguneo y mala gestión» de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, las AMPAS de los centros educativos de Butarque (Villaverde) y la Asociación Vecinal Independiente de Butarque (AVIB) han realizado un llamamiento a vaciar los dos institutos del barrio el 1 de diciembre. Más de 1.500 alumnos y alumnas están llamados al paro de protesta.
Faltan apenas seis días para que, teóricamente, esté finalizado el nuevo Instituto María Goyri Goyri, en el barrio madrileño de Butarque (Villaverde). Pero paseando por la zona, y viendo el aspecto de las obras, resulta bastante difícil de creer que este plazo vaya a cumplirse.
Sería ya el tercer retraso en los plazos de fin de obra de este equipamiento educativo, “y un nuevo ninguneo por parte de la Consejería de Educación, que no se ha dignado en contestar a nuestros requerimientos y se niegan a dar una fecha concreta”. Así lo aseguran los responsables de las AMPAS y la asociación vecinal del barrio, que han tomado una decisión nada habitual. De forma conjunta llevarán a cabo una huelga de familias el próximo 1 de diciembre.
“Estamos hartos de que nuestras hijas e hijos tengan que padecer una educación precaria por culpa de la dejadez y falta de previsión de la Comunidad de Madrid”, aseguran, por lo que han convocado esta inusual protesta, que cuenta con el apoyo del Sindicato de Estudiantes.
La falta de equipamientos ha acompañado el crecimiento de este joven barrio desde sus inicios por culpa de la política de construcción “por fases” que consiste en no comenzar a construir los edificios hasta que la saturación obliga a buscar nuevos espacios para el alumnado. Primero fue el CEIP El Greco, que tuvo que sufrir dos ampliaciones antes de estar terminado, y posteriormente este mismo centro tuvo que acoger al alumnado del segundo centro del barrio, el CEIP Ausiàs March, que estuvo funcionando tres años sin tener un edificio propio.
Posteriormente, El Greco también acogió varios cursos al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Juan Ramón Jiménez, porque este instituto -el primero del barrio- también comenzó a funcionar sin contar con un edificio propio y se construyó en un total de cuatro fases.
«Esta situación ha condenado a dos generaciones de niños y niñas a convivir continuamente con obras, a estar hacinados dentro de otros centros, a no poder contar con los desdobles de clases ni disponer de laboratorios, bibliotecas y otras instalaciones, además de otros problemas estructurales que incluso afectan al uso de los baños», denuncian.
Actualmente, desde el curso pasado, es el IES Juan Ramón Jiménez el que acoge al alumnado del IES María Goyri Goyri, cuyo edificio debía estar terminado hace más de un año. Más de 1.500 alumnos «conviven en un edificio que no está preparado para albergar de forma adecuada a tantas personas, ni tiene las instalaciones educativas necesarias para ofrecer una enseñanza de calidad».
La Consejería de Educación «incumple una vez más sus promesas»
El IES María Goyri Goyri iba a ser el primer edificio construido en fase única, pero ni así se han cumplido las fechas de entrega, que han sufrido diversas demoras. El nuevo plazo de ejecución anunciado por la Consejería termina el 30 de noviembre y las familias exigen, porque así se les prometió en junio, que el segundo trimestre de este curso académico el alumnado comience las clases en el nuevo centro, algo que le han transmitido a la Consejería de Educación con el objetivo de que pueda elaborar un plan de traslado urgente para que, después de las vacaciones navideñas, todo vuelva a la normalidad.
Sin embargo, «como ya viene siendo habitual, la Consejería de Educación no se ha dignado siquiera a contestar a las familias, a pesar de haber adquirido el compromiso de que la situación actual era temporal y que sería revertida una vez terminara el primer trimestre».
El hartazgo de la situación ha llevado a las familias a aprobar en asamblea la convocatoria de esta huelga el 1 de diciembre. Será la primera vez en la historia de Madrid que los padres y madres no llevarán a los menores a clase para protestar por una situación que «dura ya demasiados años y que está perjudicando la calidad de la enseñanza de sus hijos e hijas».
