La Comunidad de Madrid ha declarado desierta la licitación mediante procedimiento negociado del contrato de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.
Así aparece reflejado en la orden publicada este viernes en el Portal de Contratación Pública por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, donde se señala que la oferta recibida por parte de la única licitadora presentada (la UTE formada por Iridium Concesiones de Infraestructuras -ACS Actividades de Construcción y Servicios- y Acciona Concesiones) no se ajusta a los criterios establecidos en los pliegos al carecer de parte de la documentación. «La UTE no aportó un programa económico que incluyera todos los parámetros y partidas mínimas contenidas en el programa económico base de la licitación», se expone.
El valor estimado del contrato sería de 2.848 millones de euros para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid. El complejo, ubicado en Valdebebas (distrito de Hortaleza), concentraría en este punto de la capital los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler. La nueva Ciudad de la Justicia, que supone el tercer intento de la Comunidad de Madrid de poner en marcha el proyecto tras los intentos fallidos de 2004 y 2015, iba a estar compuesto por un total de 17 inmuebles.
El proyecto
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el pasado mes de julio de 2022 a licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid. Sin embargo, concluido el período de tiempo establecido en noviembre de 2022 no se había recibido ninguna oferta por parte de ninguna constructora.
Tras quedar desierto dicho concurso público, desde la Comunidad de Madrid se iniciaba un proceso, contemplado en la Ley que regula la contratación pública, para llevar a cabo un procedimiento negociado, manteniendo eso sí las condiciones esenciales del contrato como es el presupuesto base de licitación, invitando a todas aquellas empresas que pudieran concurrir. Se presentó la UTE formada por Iridium Concesiones de Infraestructuras -ACS Actividades de Construcción y Servicios- y Acciona Concesiones por 2.848 millones de euros pero ha sido finalmente declarado desierto este mes de junio de 2023.
El complejo, ubicado en Valdebebas, concentraría en este punto de la capital los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler. La nueva Ciudad de la Justicia, que supone el tercer intento de la Comunidad de Madrid de poner en marcha el proyecto tras los intentos fallidos de 2004 y 2015, estará compuesto por un total de 17 inmuebles.
Esta gran infraestructura pretendía ser el principal hito del Plan Justicia 21×21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que iba a dar servicio diario cuando entrase en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consistía en una concesión con un plazo máximo de 40 años.
El canon ascendía, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no sería sometida a revisión -y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo sería examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podría ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondría para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo. Además con esta fórmula la inversión inicial, que sería de 507 millones de euros, recaería totalmente en el capital privado, que asume todos los riesgos derivados de la operación.
Una vez concluida y recepcionada la obra, la Comunidad de Madrid empezaría a abonar el canon, aproximadamente tres años después de que, a principios de 2023, tal y como está previsto, se coloque la primera piedra. El desembolso, por tanto, se produciría aproximadamente durante 36/37 años. Finalizado ese periodo este gran complejo judicial revertiría siendo la propia Comunidad de Madrid su titular, incrementando de manera notable su patrimonio público con edificios que podrían alcanzar vidas útiles de hasta 100 años.
La adjudicataria del contrato de construcción obtendría, además del canon anual, ingresos por la explotación comercial en los bajos de los edificios, donde podrían instalarse restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, escuelas infantiles, farmacias, gimnasio, un gran aparcamiento dotado con casi 5.000 plazas y servicios diversos para los empleados, profesionales del mundo judicial y usuarios que acudan a la Nueva Ciudad de la Justicia. La previsión es que unas 31.000 personas empleen a diario esta futura instalación judicial.
El concesionario, además de construir la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid, debería asumir todas las labores de mantenimiento, así como el servicio integral de seguridad y vigilancia, de limpieza de todas las instalaciones, archivo, gestión de documentación y atención al ciudadano, entre otros. En definitiva, todos aquellos que garantizasen el buen funcionamiento de la infraestructura, sin coste adicional alguno para los madrileños.
