Hasta 20.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, según la organización, y unos 6.000 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado esta mañana de sábado, 26 de noviembre, en el centro de Madrid para reclamar al Gobierno de España, y concretamente al ministro Grande Marlaska, mejoras en sus condiciones laborales: el reconocimiento al derecho a la jubilación anticipada, una jornada laboral de 35 horas semanales y la reclasificación de las Escalas básicas de ambos Cuerpos.
Convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y apoyada por el sindicato policial EYA, Independientes de la Guardia Civil (IGC), Retirados Asociados Guardia Civil de España (Ragce) y la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (Ajpne), y con asistencia de políticos de PP, Vox y Ciudadanos, reclaman también para los agentes de la Guardias Civiles la equiparación salarial, para que se apliquen turnos de trabajo dignos y la misma homologación de horas con respecto a otros policías.
Los convocantes señalan que «la jubilación anticipada está garantizada por el artículo 15 y el 43.1 de la Constitución Española». Sin embargo, ni los Guardias Civiles ni los Policías Nacionales «disfrutan del derecho a la reducción de la edad de jubilación». Dentro del ámbito policial, dicho reconocimiento se ha producido únicamente para las Policías Locales, Autonómicas –Ertzaintza y Mossos D’Esquadra–, y la Foral de Navarra, excluyendo a Guardias Civiles y Policías Nacionales.
«Nuestra profesión también es de riesgo y especialmente peligrosa e implica mismas o incluso mayores condiciones de riesgo y penosidad, por lo que saldremos a la calle el día 26 para que esta equiparación se introduzca por Ley y podamos tener desde el día 1 de enero de 2023 de la jubilación anticipada», inciden.
En cuanto a la jornada laboral, ambos Cuerpos «requerimos a nuestras Direcciones Generales la implantación de las 35 horas semanales. No podemos consentir que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos quedemos los últimos en materia de derechos en comparación con el resto de funcionarios públicos. Tenemos que manifestarnos para que nuestras necesidades sean atendidas y tenidas en consideración».
Finalmente, denuncian que el Gobierno «se olvida de que los principales defensores de la libertad y los derechos también se encuentran en la Escala de Cabos y Guardias y en la Escala Básica de la Policía Nacional. El alto compromiso y sacrificio, el nivel de responsabilidad, la complejidad de las tareas policiales y la importancia del desempeño profesional de los integrantes corresponden a un nivel superior al actual C1. Han de pasar de este Subgrupo al B.»
Con la reclasificación que hubo hace 25 años de ambas Escalas, además de la de Subinspección de la Policía Nacional y la de Suboficiales de la Guardia Civil, «se entienden ya reclasificadas a efectos retributivos y de fijación de haberes pasivos, de tal modo que no puede producirse un incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales de sus integrantes. Exigimos que esto cambie y queden correlativos los Grupos de clasificación de las tres Escalas. El A1, A2 y B del Real Decreto 5/2015 del Estatuto Básico del empleado público».
Foto: @anadebande
