La reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción en el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en un efectivo instrumento para avanzar en la igualdad de oportunidades, suponiendo un incremento permanente de los contratos y los importes incorporados en los planes de reserva municipales.
Así lo demuestran los datos presentados este martes durante la jornada ‘La Reserva de Contratos a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción’ organizada por el Consistorio en colaboración con el colectivo de asociaciones patronales del ramo, que ha sido inaugurada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo.
Durante la jornada, Almeida ha destacado que “más allá de una obligación legal”, el cumplimiento y la aplicación de esa reserva legal de la ley de contratos, es “una obligación ética y moral”, ya que “la economía, si no es social, no es economía”. El regidor ha destacado la necesidad de que los contratos de las administraciones públicas materialicen su “compromiso con la sociedad y con la igualdad de oportunidades” haciendo partícipes a todos, independientemente de “las capacidades, orígenes, trayectoria previa o situación personal de cada uno”.
Una oportunidad para profundizar en casos de éxito
Durante la jornada celebrada en la Serrería Belga, representantes y protagonistas de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social han tenido la oportunidad de mostrar casos de éxito y posibilidades de prestación de servicios en ámbitos no habituales en la reserva de contratos. Con ello, los promotores y gestores municipales han podido conocer de primera mano alternativas para consolidar y mejorar la reserva de contratos en su programación.
En este sentido, la jornada ha permitido poner en valor «el compromiso» del Ayuntamiento con la reserva de contratos y visibilizar sus resultados, lo que hace que se convierta en una de las pocas administraciones que lo ha adoptado como política pública con implicación decidida de todos sus órganos de contratación. Almeida ha destacado el hecho de que “desde el año 2019, hemos doblado el porcentaje de contratos con reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción desde el Ayuntamiento” y ha insistido en que “remando juntos como sociedad podremos superar todas las adversidades” que surjan y a las dificultades.
El Ayuntamiento de Madrid, que busca trascender el mero cumplimiento de la previsión legal sobre la reserva de contratos, pretende con esta jornada mostrar qué son las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, en qué ámbitos prestan servicios y quiénes son sus trabajadores, desvelando, por tanto, su aportación a la integración laboral de colectivos vulnerables. Al mismo tiempo, persigue sensibilizar a los promotores y gestores públicos para identificar ámbitos nuevos a los que dirigir las reservas de contratos públicos futuros.
Las patronales que han colaborado en la organización de la jornada son la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI), integrada por 27 empresas de inserción, 23 de ellas en Madrid capital, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y la Asociación Empresarial de Entidades Madrileñas en Defensa de Colectivos con Especiales Dificultades (AEMED), formada por diez organizaciones que cuentan con 20 centros especiales de empleo de iniciativa social.
La reserva de contratos a favor de las empresas de inserción y de los centros especiales de empleo de iniciativa social en las licitaciones municipales es una obligación legal establecida en la Ley de Contratos del Sector Público. Esta normativa establece la regulación de los denominados contratos reservados, disponiendo que el órgano competente en el ámbito de las entidades locales fijará porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.
Compromiso municipal con la reserva de contratos públicos
La reserva de contratos comenzó a aprobarse en el Ayuntamiento de Madrid en 2016, con un porcentaje mínimo de reserva del 0,5 %, que se incrementó en los dos años siguientes hasta el 0,6 % en 2017 y el 0,7 % para 2018.
Es desde 2019, sin embargo, con la Ley de Contratos del Sector Público en vigor, cuando se reordena y sistematiza el procedimiento de aprobación y seguimiento de la reserva de contratos que quedaba fijada en el 2 % en 2019, el 2,5 % en 2020, el 2,75 % en 2021 y el 3 % en 2022.
El cumplimiento de la reserva se materializa en todo el periodo en el Ayuntamiento de Madrid en planes de reserva cuyas previsiones y ejecución arrojan importes considerablemente superiores a los estimados en la reserva inicial. De esta forma, si el importe de los acuerdos de reserva mínima entre 2019 y 2022 suma la cifra de 14,7 millones de euros, el gasto finalmente ejecutado en contratos reservados es muy superior -a falta de cerrar los de 2022-, superando los 24 millones de euros en este periodo.
Por otra parte, el porcentaje real ejecutado gracias a esta dinámica ha sido también superior al inicialmente aprobado, superando el 4 % todos los años, excepto en 2021 que fue del 3,99 %. En los últimos cuatro años, el número de contratos implicados en las reservas anuales ha superado los 150.
Centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción
Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos que actúan en el mercado contratando a personas con discapacidad en, al menos, el 70 % de la plantilla; son promovidos y participados en más de un 50 %, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos, y están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social.
Por su parte, las empresas de inserción son aquellas sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que, debidamente calificadas por los organismos autonómicos competentes, realicen cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, cuando cumplan determinados requisitos previstos en la disposición que regula estas empresas.
