La Sección 29ª de la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes, 3 de octubre, el ex gerente de la Universidad Complutense de Madrid, D. R. M., por malversar 1.448.706 euros durante el tiempo que desempeñó su actividad en la mencionada institución académica entre los años 1995-2001.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 6 años de prisión para él. En el banquillo de los acusados se sentarán otros tres administradores de colegios mayores (A. L. M., M. I. R. M. y J. T. V.), para quienes el representante del Ministerio Público también pide 6 años de prisión, y tres alumnos que, a su vez, eran subdirectores de los colegios mayores (A. S. A., A. G. F. y F. J. S. L.), a quienes considera cooperadores necesarios del delito de malversación de caudales públicos, por los que les reclama cuatro años de prisión.
En total, en concepto de responsabilidad civil la Fiscalía exige a los acusados 4.163.328 euros que deberán abonar a la Universidad Complutense, dependiente de la Comunidad de Madrid. El dinero queda desglosado en 1.448.706 euros que deberán abonar de forma conjunta D. R. M., A. L. M. y J. T. V., otros 914,320 euros a cargo de A. S. A., 359.682 euros para A. G. F., y otros 490.125 euros y 950.495 euros para F. J. S. L. y M. I. R. M., respectivamente.
Según explica la Fiscalía, D. R. M. era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo cual le permitió que se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo “injustificado” y el uso de fondos para fines “ajenos” a los propios del centro. En la misma figuraba nominativamente “actividades culturales del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros” por lo que su existencia “era desconocida para la Intervención de la Universidad”,
La Fiscalía detalla que los ingresos respondían a varios conceptos: fondos procedentes de la ocupación de los Colegios Mayores en los cursos de verano, talones al portador, transferencias de la Fundación General de la Universidad Complutense, así como dinero en efectivo o mediante giro postal, procedentes de la reserva de plaza de los Colegios Mayores de la zona oeste. La cuenta, abierta por los subdirectores del colegio mayor Ximénez de Cisneros para la realización de actividades culturales, figuraban como autorizados otros tres acusados: A. S. A., A. G. F. y F. J. S. L..
Los gestores efectivos de la cuenta, aunque no tenían firma en la misma, eran dos administradores de colegios mayores (A. L. M. y J. T. V.) que entre sus funciones se encontraban la de controlar los ingresos y gastos de dichos colegios, la liquidación de anticipos a justificar y el servicio de caja. Ambos informaban del manejo de la cuenta a sus superiores D. J. M. E., hasta su fallecimiento, y más tarde a M. I. R. M., “que permitía el manejo ilegal de la misma”.
Entre enero de 1995 y junio de 2001, con la autorización del entonces gerente D. R. M., así como la de los administradores de colegios mayores de A. L. M. y J. T. V. y del alumno y subdirector del colegio mayor Jiménez Cisneros, A. S. A., se emitieron varios cheques al portador por importe de 914.320 euros sin cargo a los presupuestos y sin ninguna supervisión por parte de la universidad con ánimo de “distraer” el dinero para sí “o para terceros”. También, según la Fiscalía, otros acusados se dedicaron a “distraer” otras cantidades de dinero. La entonces administradora general de colegios mayores M. I. R. M. por importe de 417.108 euros, mientras que otros dos alumnos que también fueron subdirectores en ese colegio mayor, A. G. F. y F. J. S. L. lo hicieron por 359.682 euros y 490.125 euros, respectivamente.
Recuerda, además, que durante el curso 2002-2003 se matricularon 846 alumnos en los Colegios Mayores de la zona Oeste y 929 el curso siguiente los cuales abonaban en concepto de reserva de plaza, antes del comienzo del curso 300 euros, cantidad sin derecho a devolución ni aplicable al pago de las mensualidades, “cuyo destino no era contabilizado en los Presupuestos de la Universidad, ni controlado y supervisado por la Inspección de la Universidad Complutense de Madrid”. Así, consiguieron recaudar 533.387 euros, una cantidad que no fue incluida en las cuentas de la Universidad “conscientemente” por los acusados A. L. M. y J. T. V. en su condición de administradores de los Colegios Mayores “entre cuyas funciones estaban el control de los ingresos y gastos de los Colegios Mayores, ni la acusada M. I. R. M. como Administradora General de los Colegios Mayores ni el acusado D. R. M. como Gerente General de la Universidad, distrayéndolas así de su destino público”.
Asimismo, “al menos” entre los meses de junio y julio de 1999, D. R. M. recibió de la Administración de los Colegios Mayores dinero en efectivo “de personas no identificadas” por los siguientes importes: 200. 000 pesetas en fecha 17-6-99; 500.000 pesetas en fecha 12-7-99 y 150. 000 pesetas en fecha 20-7-99 que incorporó a su patrimonio. Tales cantidades, unos 5.200 euros, correspondían a fondos de la Universidad sin control de los órganos de Intervención.
