CCOO ha denunciado este miércoles, 31 de agosto, que los trabajos de desamiantado en colegios de Madrid es «muy insuficiente»: alcanza a 23 de los 925 que lo tendrían. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado que ha comenzado la retirada de amianto en 23 centros educativos de Infantil y Primaria de la capital. «La presencia de amianto en todos estos centros había sido denunciada por CCOO y su retirada es una buena noticia», señalan desde el sindicato.
Pero, «lamentablemente, como es costumbre, y al igual que en los meses de verano de años anteriores, la labor de desamiantado en la Comunidad de Madrid es muy insuficiente y sigue dejando a miles de niños y niñas madrileños en una posición de riesgo y vulnerabilidad, por no hablar de que las obras aún no han terminado a una semana del comienzo de curso». También es insuficiente, critican, la inversión que ha dedicado el gobierno de Díaz Ayuso al desamiantado, de apenas 1,4 millones de euros, un 0,02% del presupuesto educativo en 2022.
Según el informe del sindicato sobre la presencia de amianto en centros educativos de la Comunidad de Madrid, que maneja una estimación basada en los años de construcción de cada centro (dado que la Consejería «se ha negado sistemáticamente a hacer un inventario de los centros con amianto»), en la Comunidad de Madrid hay 925 centros que podrían estar afectados por la presencia de amianto. En comparación con ese total, los 23 centros desamiantados en Madrid capital solo suponen un 2.4% del total.
Para entender lo que esto significa distrito a distrito: en Fuencarral-El Pardo se ha retirado amianto de un centro educativo, mientras que el riesgo de la presencia de amianto afecta a 28 centros. En Puente de Vallecas han comenzado la retirada en siete centros, pero según nuestros cálculos los centros afectados ascienden a 39. «Cabe preguntarse qué sucede con el resto de zonas de la Comunidad: mientras el Gobierno regional focaliza el desamiantado en la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, donde es absolutamente necesario dada la presencia de 361 centros con amianto, ignoran el resto del territorio donde se encuentran otros 564 centros que podrían tener amianto», exponen desde CCOO.
«Si quieren, como han prometido, desamiantar la ciudad por completo antes del año 2030, al ritmo de un 2.4% por año tardarían 41 años en limpiar los centros educativos de amianto. Además, el año 2030, fecha límite por la que el Ayuntamiento de Madrid sigue rigiéndose, va muy por detrás de lo fijado en la legislación nacional. La Ley de Residuos aprobada recientemente en el Congreso fija 2028 como año límite para la total retirada del amianto en centros educativos, y enero de 2023 como límite para tenerlo inventariado y elaborar un plan de retirada», inciden.
“Están terminando las obras de retirada de amianto a una semana de que empiece el curso, unas obras que además solo han retirado amianto de apenas un 2% de los centros que seguramente lo contengan”, explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid Isabel Galvín. “La retirada lleva años siendo lentísima y está poniendo en riesgo la salud de miles de alumnos y docentes. Hemos hecho el cálculo, y al ritmo que llevan no terminarían el desamiantado de la región en los próximos cuarenta años.”, añade.
“No es que lo digamos nosotros: lo dice la ley. En enero de 2023 debe haber inventariado de centros con amianto y plan de retirada, y en 2028 las escuelas deben estar libres de amianto. Es así de simple. Y al ritmo al que van en Madrid, no lo van a conseguir. Hace falta una mayor inversión, aprovechar fondos europeos que lo cubren. Hacen falta programas para controlar y detectar la presencia de amianto en centros, procedimientos para evaluar los riesgos, protocolos para el correcto tratamiento del amianto retirado. Pero lo que realmente hace falta es que finalmente se tomen en serio el bienestar y la salud de alumnado, profesorado y personal educativo de los centros educativos madrileños, porque está claro, viendo lo que invierten en desamiantado y el tiempo que le dedican, que no es una de sus prioridades”, concluye Galvín.
